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Un nuevo monitor presentado por Educa revela el devastador costo económico y educativo de las suspensiones, reavivando el debate sobre los descuentos salariales a maestros.
SANTO DOMINGO, R.D. – El sistema educativo público de la República Dominicana enfrenta una profunda crisis de continuidad. Durante el año escolar 2025-2026 se han sepultado 1,384 horas de clases, afectando un total de 61 días lectivos. Este preocupante panorama fue revelado por el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una innovadora herramienta digital de cuantificación en tiempo real presentada por Acción Empresarial por la Educación (Educa).
La plataforma desarrollada en alianza con el Foro Socioeducativo, la APMAE y Fe y Alegría desnudó la alarmante factura financiera que representan estas interrupciones. Según detalló la directora ejecutiva de la entidad, Yahaira Sosa Machado, cada jornada sin docencia le cuesta al Estado unos 883 millones de pesos, acumulando un impacto negativo de RD$4,471 millones en el presente ciclo.
Para este cálculo científico, los especialistas cruzaron el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación en 2025 (RD$304,932.7 millones) con el calendario oficial de 191 días aprobado por el Consejo Nacional de Educación.
Huelgas y clima: Los principales enemigos del aula
El desglose estadístico del monitor identifica a las protestas sindicales y a los fenómenos meteorológicos como los grandes detonantes de la parálisis escolar.
Paros y huelgas: Representan el 25 % de las suspensiones.
Eventos meteorológicos: Acumulan el 24.5 % de los casos.
Efemérides y festividades locales: Ocupan el 17 %.
Asambleas docentes y causas diversas: Suman un 8 % cada una.
Deficiencias de infraestructura y servicios: Las aulas deterioradas (6 %) y la falta de servicios básicos (2 %) siguen restando días hábiles.
Geográficamente, la Regional 05 de San Pedro de Macorís se corona como la zona más golpeada del país, registrando 18 días perdidos, lo que equivale a casi el 10 % de todo su año escolar. Para contrarrestar el subregistro, el monitor incluye un sistema georreferenciado y un mecanismo de reporte ciudadano para que las familias denuncien las suspensiones en sus comunidades.
Susana Martínez Nadal, nueva presidenta de Educa. (Fuente Externa)
Se reactiva la presión en el Congreso
La contundencia de estos datos ha vuelto a encender el debate en el Congreso Nacional sobre el proyecto de resolución que busca obligar al Minerd a descontar el salario de los maestros que falten a las aulas de forma injustificada o por huelgas sindicales. La propuesta, que actualmente evalúa la Cámara de Diputados, contempla además la instalación de un sistema electrónico de control de asistencia.
Al respecto, figuras del sector como el ministro de la Mescyt, Rafael Santos Badía, abogaron por el consenso, señalando que «nadie quiere que se les quite el sueldo a los maestros ni que los niños pierdan clases», instando a priorizar el blindaje de la jornada escolar por encima de las confrontaciones.
