NUEVA YORK.— La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó duramente este viernes la actuación de la Policía de la Universidad de Cornell y de la Fiscalía del Condado de Tompkins en el manejo inicial de las acusaciones de una presunta agresión sexual ocurrida en 2024, y designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para encabezar una nueva investigación.
La decisión se produce después de conocerse nueva información que, según Hochul, plantea serias interrogantes sobre la investigación original y sobre la decisión de la Fiscalía del Condado de Tompkins de no presentar cargos criminales en aquel momento.
La joven, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, sostiene que fue víctima de una agresión sexual perpetrada por varios hombres vinculados a la fraternidad Chi Phi de Cornell en octubre de 2024. Las acusaciones no han sido probadas en un proceso penal y abogados de algunos de los señalados han negado participación en una agresión sexual.
Uno de los puntos que más cuestionó Hochul fue la aparente diferencia entre lo que la joven declaró originalmente a la Policía de Cornell y la información resumida que posteriormente llegó a la Fiscalía. NPR informó que el abogado de la joven confirmó que, durante su declaración de 2024, ella afirmó explícitamente que había sido violada.
La orden ejecutiva de Hochul señala que la Fiscalía del Condado de Tompkins decidió en noviembre de 2024 no procesar a los presuntos responsables sin entrevistar directamente a Jane Doe y que se apoyó, al menos parcialmente, en un resumen policial que presuntamente omitió partes importantes de su relato.
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Durante una conferencia de prensa en Manhattan, Hochul cuestionó por qué una afirmación tan importante no habría llegado de manera completa al fiscal y también criticó que la joven no fuera entrevistada directamente por esa oficina antes de la decisión inicial de no presentar cargos.
Con la designación de Letitia James, la Fiscalía General del Estado asumirá la investigación criminal. James confirmó que se trata ahora de una investigación criminal activa y prometió una revisión completa e imparcial de los hechos. Si las evidencias lo justifican, su oficina podrá presentar el caso ante un gran jurado y llevar adelante un proceso penal.
La Fiscalía del Condado de Tompkins había reabierto previamente el caso después de que la joven presentara una demanda civil. El fiscal Matthew Van Houten ha señalado dificultades relacionadas con la legislación estatal y las circunstancias de intoxicación descritas en el caso. La Universidad de Cornell, por su parte, anunció una revisión independiente de su actuación.
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El caso ha reavivado en Nueva York el debate sobre la forma en que universidades, cuerpos policiales y fiscales investigan las denuncias de violencia sexual en los campus, así como sobre posibles cambios a las leyes estatales relacionadas con el consentimiento y la intoxicación.
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