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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha puesto sobre la mesa de negociaciones presupuestarias una propuesta que podría cambiar drásticamente la relación entre la policía local y las autoridades migratorias. La medida busca permitir que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo una condición específica: la existencia de «causa probable» en delitos graves o violentos.
Seguridad local vs. Control migratorio Para Hochul, la prioridad debe ser la seguridad ciudadana sin desviar recursos esenciales. Según la mandataria, los agentes locales deben concentrarse en combatir el tráfico de armas y perseguir a delincuentes violentos en las comunidades que pagan sus salarios.
Sin embargo, la propuesta incluye matices importantes para intentar equilibrar la balanza:
Lugares sensibles: Se mantendría la prohibición de redadas de ICE en iglesias y escuelas.
Limitaciones policiales: Se prohibiría a los agentes locales usar cárceles municipales para fines migratorios o cubrirse el rostro durante operativos.
Lluvia de críticas por «discrecionalidad» Pese a las limitaciones planteadas, organizaciones defensoras de los derechos civiles han pegado el grito en el cielo. El concepto de «causa probable» es el epicentro de la controversia.
La Legal Aid Society advirtió que otorgar esta facultad a la policía abre una peligrosa puerta a la discriminación y el abuso, erosionando la confianza que los inmigrantes tienen en las instituciones locales. Por su parte, la organización Se Hace Camino NY calificó la medida como un «retroceso» en la protección de los derechos humanos en el estado.
Un «pretexto» para la colusión La crítica más severa llegó de Yasmine Farhang, de Immigrant Defense, quien señaló que la causa probable puede ser interpretada de forma arbitraria en el momento de una detención. Según Farhang, esto podría incentivar a que se inventen pretextos legales para facilitar la entrega de inmigrantes a las autoridades federales.
La propuesta de Hochul se discute actualmente como parte del presupuesto estatal, cuya aprobación se encuentra retrasada debido a la falta de consenso en temas de seguridad y migración.
