El Departamento de Justicia demandó a Texas por una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos, argumentando que fue promulgada “en abierto desafío a la Constitución”.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Texas, pide a un juez federal que declare que la ley es inválida, “que impida su aplicación y que proteja los derechos que Texas ha violado.”
“La ley es claramente inconstitucional de acuerdo con los precedentes de la Corte Suprema”, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en una conferencia de prensa en la que anunció la demanda.
El Departamento de Justicia alega que la ley infringe ilícitamente los derechos constitucionales de las mujeres y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que señala que la ley federal prevalece sobre la ley estatal.
Las autoridades federales también están preocupadas de que otros estados puedan promulgar leyes similares que, según dijo Garland, “privarían a sus ciudadanos de sus derechos constitucionales”.
“Es un derecho constitucional establecido que ‘un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad’”, señala la demanda. “Pero Texas ha hecho precisamente eso”.
La ley de Texas, llamada SB8, prohíbe la interrupción del embarazo una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca fetal, lo que normalmente ocurre alrededor de las seis semanas de gestación, antes de que algunas mujeres sepan siquiera que están embarazadas.
Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas difiere significativamente porque delega la aplicación de la medida a los ciudadanos privados mediante demandas civiles.
La presión sobre el Departamento de Justicia había aumentado no sólo por parte de la Casa Blanca —el presidente Joe Biden ha dicho que la ley es “casi antiestadounidense”_, sino también por parte de los legisladores demócratas, que querían que Garland tomara medidas.
Esta semana Garland prometió que el Departamento de Justicia intervendría para hacer cumplir una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas.
Esa ley, conocida comúnmente como la Ley FACE, prohíbe obstruir físicamente el acceso a las clínicas de aborto mediante el bloqueo de las entradas o con amenazas de usar la fuerza para intimidar o interferir con alguien. También prohíbe dañar la propiedad de las clínicas de abortos y de otros centros de salud reproductiva.
