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WASHINGTON. – El Gobierno de los Estados Unidos dejó oficialmente sin efecto las sanciones financieras y migratorias que pesaban sobre Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. La decisión se tomó este miércoles tras una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La medida retira el nombre de la abogada italiana de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Con esto, se cancela la prohibición de entrada a territorio estadounidense y el congelamiento de sus activos financieros, apenas una semana después de que la justicia federal interviniera en el caso.
El pasado 13 de mayo, un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente las restricciones impuestas por la Casa Blanca, tras determinar que las sanciones contra la funcionaria de la ONU constituían una probable violación constitucional a la libertad de expresión.
El origen del conflicto y el drama familiar
La Administración de Donald Trump había sancionado a Albanese en julio de 2025, utilizando un programa de medidas restrictivas vinculado a la Corte Penal Internacional (CPI). Washington la acusó formalmente de promover una «guerra jurídica» contra los intereses norteamericanos y sus aliados, luego de que la relatora criticara la ofensiva militar israelí en Gaza y solicitara investigar presuntos crímenes de guerra.
Más allá del debate diplomático, la medida había tenido un profundo impacto en la vida íntima de la jurista. La familia de Albanese, establecida en Estados Unidos, denunció públicamente que las restricciones le impedían regresar a su hogar en Washington, separándola de su hija, quien posee la ciudadanía estadounidense.
Contradicción en la política exterior de EE. UU.
El levantamiento de las sanciones por parte del Departamento del Tesoro evidencia una fisura en la estrategia de la política exterior actual. Esta acción contradice de manera directa la línea dura establecida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en febrero pasado reafirmó en un comunicado oficial que las posturas de Albanese atentaban directamente contra la seguridad institucional de los Estados Unidos.
Tras este desbloqueo judicial y administrativo, la relatora de las Naciones Unidas podrá reingresar a suelo estadounidense sin restricciones legales de carácter financiero.
