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A solo semanas de que el nuevo Código Penal de la República Dominicana entre en vigor, el debate legislativo se intensifica. Dos proyectos de ley, sometidos recientemente en el Congreso Nacional, buscan aplazar por seis meses más la aplicación de la normativa, cuya fecha de inicio está pautada para el próximo 6 de agosto.
La propuesta de postergación ha dividido a la opinión pública, enfrentando a quienes exigen un tiempo adicional de revisión técnica contra aquellos que consideran urgente la implementación de la ley para combatir la criminalidad.
Las propuestas para la prórroga
El descontento y las críticas hacia varios artículos de la legislación motivaron a los legisladores a someter las iniciativas de extensión de la vacatio legis:
Charlie Mariotti (Diputado PLD): Defiende que el año otorgado tras la promulgación ha sido «insuficiente» para corregir los puntos críticos. Mariotti recordó que prorrogar leyes de gran impacto no es una práctica nueva en el país, citando los precedentes del Código Procesal Penal (2002) y la Ley de Sociedades Comerciales.
Edward Espiritusanto (Senador Fuerza del Pueblo): Su proyecto plantea que estos seis meses extras permitirían abrir un diálogo técnico y social con jueces, fiscales, académicos y defensores públicos, logrando así una mejor armonización del nuevo código con el ordenamiento jurídico nacional.
Las principales alarmas del texto actual giran en torno a la regulación de la libertad de expresión, la difamación y el desacato.
Sectores clave dicen «no» al retraso
A pesar de la presión de entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que apoya el aplazamiento, figuras del ámbito judicial y legislativo rechazan rotundamente frenar la ley:
Ricardo de los Santos (Presidente del Senado): Aseguró que el sistema de justicia dominicano necesita «con urgencia» las herramientas del nuevo código para hacer frente a la delincuencia.
Milton Ray Guevara (Expresidente del Tribunal Constitucional): Se mostró en desacuerdo con postergar la normativa completa. Aunque admite que ciertos artículos deben ser revisados, sostiene que esto puede hacerse sobre la marcha.
Antoliano Peralta (Ministro de Justicia): Minimizó la controversia afirmando que ve «normal» que se introduzcan ajustes o modificaciones una vez la ley ya esté en vigencia.
Con el reloj en contra y el 6 de agosto a la vista, el Congreso se encamina a definir si el país estrena marco penal o si el proceso vuelve a la sala de espera.
