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A horas de que venza el plazo en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, partidos y gremios periodísticos coinciden en tumbar o suavizar las penas por difamación y ultraje.
Santo Domingo. – La presión social y los recientes reclamos ciudadanos han calado en el Congreso Nacional. De las aproximadamente 20 propuestas de modificación depositadas para corregir el nuevo Código Penal antes de su entrada en vigencia en agosto, la gran mayoría tiene un objetivo común: blindar la libertad de expresión y modificar los polémicos delitos de difamación y ultraje.
El Palacio Congreso se encuentra en una carrera contra el reloj, ya que la Cámara de Diputados recibirá propuestas de enmiendas solo hasta este miércoles a las 6:00 de la tarde.
Las tres grandes propuestas sobre la mesa
El debate principal gira en torno a cómo evitar que el nuevo texto legal sea utilizado como una herramienta mordaza contra la prensa y la ciudadanía:
La propuesta del Poder Ejecutivo: Entregada a través del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, plantea reducir la pena máxima por difamación de cinco a dos años de cárcel, eliminando los agravantes por el uso de redes sociales. Además, propone que el «ultraje» solo aplique cuando se cometa contra jueces o fiscales, excluyendo a los funcionarios del Gobierno.
El consenso de los diputados: Los voceros de los diferentes partidos políticos unificaron criterios para someter un proyecto que despenaliza la difamación cuando se trate de temas de interés público. Asimismo, exigen añadir un párrafo que aclare que el ultraje no se configurará en casos de críticas, sátiras, denuncias o protestas.
El gremio periodístico y la sociedad civil: Tanto el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) como la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) han solicitado formalmente que se aclare el alcance de la ley para proteger de forma irrestricta el periodismo de investigación.
Otros cambios en la lista
Aunque la libertad de prensa acapara la atención, la comisión legislativa también evalúa otras modificaciones de alto impacto social, tales como la inclusión de la violencia vicaria, la responsabilidad penal de los partidos políticos y la despenalización del aborto bajo circunstancias especiales.
Con el reloj corriendo hacia el cierre del plazo de recepción, los legisladores se preparan para una jornada intensa de consenso que defina el rumbo de la justicia penal en la República Dominicana.
