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Madrid – En un movimiento que desafía la tendencia de endurecimiento migratorio en Europa y Estados Unidos, el Gobierno de España aprobó este martes un Real Decreto para la regularización extraordinaria de 500,000 personas en situación irregular. La medida, que no requiere el aval del Parlamento, busca integrar formalmente a miles de trabajadores, principalmente latinoamericanos, que ya sostienen sectores clave de la economía española.
A través de una carta a la ciudadanía, el presidente Pedro Sánchez calificó el proceso como un «acto de normalización». Según el mandatario, el objetivo es reconocer la realidad de quienes ya conviven en el país para que contribuyan al sostenimiento del modelo de bienestar en igualdad de condiciones.
Plazos y requisitos: Lo que hay que saber La ministra de Migraciones, Elma Saiz, confirmó que el proceso será ágil y se ejecutará en tiempo récord. Estos son los puntos clave:
Periodo de solicitud: Inicia esta misma semana y concluye el 30 de junio de 2026.
Trámite: Las solicitudes telemáticas empezarán el 16 de abril, mientras que las citas presenciales arrancarán el día 20.
Criterio de elegibilidad: Podrán aplicar extranjeros que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten cinco meses de estancia continuada y no tengan antecedentes penales.
Un salvavidas ante el envejecimiento poblacional Más allá de la ética social, el Gobierno justifica la medida con cifras económicas. En un país donde los nacimientos han caído un 25.6 % en la última década, la inmigración es vista como el motor necesario para la sostenibilidad de las pensiones y el crecimiento económico. Sectores como la agricultura, la hostelería y los cuidados donde se concentra la mayoría de los 840,000 irregulares censados a inicios de 2025 serán los más beneficiados.
Polarización política Como era de esperarse, la medida ha encendido el debate político. Mientras Sánchez cuenta con el respaldo de la Iglesia y los sindicatos, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), acusó al Gobierno de «exportar un problema» al resto de Europa. Por su parte, la extrema derecha de Vox tildó la política de «suicida» y prometió revertirla en el futuro.
España repite así una fórmula que ya utilizó en 2005 bajo el gobierno de Zapatero, posicionándose como la excepción progresista en una región que, en su mayoría, opta por el cierre de fronteras.
