Escuelas bajo asedio: El caos y la ilegalidad cercan los entornos escolares ante la indiferencia estatal

Janet Báez
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Santo Domingo – Lo que debería ser un perímetro sagrado para el aprendizaje y la protección de la infancia se ha convertido, en la práctica, en un territorio donde la ley es letra muerta. A pesar de la existencia de regulaciones estrictas, los entornos escolares en la República Dominicana están siendo invadidos por bancas de lotería, focos de insalubridad y situaciones de riesgo que operan a plena vista de las autoridades.

La «epidemia» de las bancas de apuestas La resolución 104-10 del Ministerio de Hacienda es tajante: ningún negocio de apuestas puede operar a menos de 200 metros de una escuela. El objetivo es prevenir la ludopatía temprana en menores. Confirmó que centros como el Politécnico Virgen de la Altagracia (Los Mina) o el María Marcia Comprés (Los Mameyes) tienen estos establecimientos justo en frente.

Las cifras son alarmantes: con más de 71,000 bancas en el país y apenas 7,800 escuelas públicas, la proporción es de 10 puntos de apuestas por cada centro educativo. Cristian Guzmán, secretario general de Fenabanca, asegura que el gremio ha depositado cientos de denuncias ante la «inacción total» de las autoridades.

Insalubridad y peligros sociales El asedio a las aulas no es solo comercial. En el Ensanche Luperón, el Centro de Excelencia República de Colombia convive con un entorno hostil donde personas en situación de calle y con posibles trastornos mentales han improvisado refugios. Esta situación, sumada al cúmulo de basura en las aceras, convierte el trayecto de los estudiantes en una carrera de obstáculos y riesgos para su integridad física y salud mental.

Riesgo combustible A pesar de que el Ministerio de Industria y Comercio regula la distancia de estaciones de expendio de combustibles y GLP respecto a las escuelas (Resolución 297-19), la presión urbana y la falta de supervisión mantienen infraestructuras peligrosas a pocos metros de donde miles de niños pasan su jornada diaria.

La comunidad educativa y los gremios coinciden: el desorden continúa no por falta de leyes, sino por una preocupante falta de voluntad para hacerlas cumplir.

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