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Santiago. – Una investigación abierta desde finales del año pasado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) detonó este sábado una serie de allanamientos y arrestos que sacuden al sector salud y social de la región norte. Las acciones legales apuntan directamente a la pasada administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao por un presunto desvío de fondos institucionales.
Entre los detenidos de forma preliminar se encuentra el expresidente del patronato de la entidad, Héctor Bienvenido Lora, junto a familiares y excolaboradores de su gestión, luego de que la nueva directiva del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer presentara una querella formal denunciando graves irregularidades financieras.
El origen: Una deuda de RD$800 millones y desvío de recursos
Aunque el Ministerio Público se ha mantenido hermético sobre los cargos específicos de este fin de semana, la pesquisa tiene su raíz en una denuncia respaldada por auditorías, reportes financieros y evidencias digitales entregadas a la Pepca.
De acuerdo con la querella, la estructura supuestamente integrada por Héctor Antonio Lora Cruceta, su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora y su exesposa Dilcia Vargas Sánchez, operaba mediante los siguientes mecanismos:
Fraude operativo: Irregularidades detectadas en la facturación a las empresas aseguradoras de salud.
Medicamentos bajo la lupa: Anomalías en el manejo y distribución de fármacos de alto costo destinados a pacientes con cáncer.
Triangulación comercial: Desvío de recursos de la institución a través de fundaciones y entidades comerciales vinculadas directamente a los señalados.
La nueva directiva del Patronato atribuye directamente a estas maniobras fraudulentas una asfixiante deuda acumulada que supera los 800 millones de pesos, comprometiendo la estabilidad operativa del centro médico.
Madrugada de allanamientos y unos 10 detenidos
Las intervenciones del Ministerio Público comenzaron desde la madrugada de este sábado. De acuerdo con declaraciones preliminares del abogado defensor Miguel Valdemar Díaz, se estima que alrededor de 10 personas habrían sido arrestadas en el marco del operativo, permaneciendo bajo intensos interrogatorios en la sede judicial de Santiago.
Por su parte, la defensa técnica de la familia Lora manifestó su sorpresa ante los arrestos. Los juristas cuestionaron la competencia y participación de la Pepca en el caso, argumentando que el Patronato opera jurídicamente como una fundación privada sin fines de lucro.
Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público emita el informe oficial detallando la cantidad exacta de imputados y los delitos que les serán presentados ante los tribunales de atención permanente para la solicitud de medidas de coerción.
