El precio de la palabra: la libertad no se negocia en el Código Penal

Por Janet Báez

La democracia dominicana no es un regalo de la fortuna ni una concesión graciosa del poder; es una arquitectura social perfectamente edificada sobre los hombros de hombres y mujeres que pagaron con su sangre el derecho a disentir. Desde las gestas restauradoras hasta los mártires de la tiranía trujillista y las luchas por las libertades públicas de finales del siglo XX, el hilo conductor de nuestra historia ha sido el mismo: la conquista irrenunciable de la palabra libre.

Por eso, ver que en pleno siglo XXI se pretendía colar en el nuevo Código Penal un blindaje legal que resucitaba la rancia figura del “ultraje” a funcionarios públicos no solo era un anacronismo jurídico, sino una bofetada a la memoria histórica de este país.

El reciente paso atrás dado por el Senado, al proponer la modificación de 19 artículos que amenazaban directamente la libertad de prensa y el derecho a la crítica, no debe leerse como un acto de benevolencia legislativa. Es, en realidad, el resultado directo de una sociedad civil y un bloque mediático que se negaron a retroceder las páginas del calendario democrático.

Castigar con hasta cinco años de prisión la difamación, o tipificar como delito cualquier gesto o palabra que un funcionario considerara “contrario a su dignidad personal”, era una invitación abierta a la censura previa y al miedo. En una república sana, el funcionario público debe estar sujeto al escrutinio más estricto, no protegido por un manto de intocabilidad que lo aísle de las quejas de quienes pagan su salario con sus impuestos. El poder debe ser incómodo; de lo contrario, se convierte en dictadura.

Es un alivio que la nueva propuesta reduzca las penas de cárcel por difamación y, sobre todo, que blinde las denuncias de corrupción y las críticas a la gestión pública siempre que estén sustentadas. No obstante, este episodio nos deja una lección urgente: la libertad de expresión es un músculo que se atrofia si no se ejercita, y el poder político sin importar el partido de turno siempre sentirá la tentación de controlar la narrativa.

La comisión bicameral que ahora estudia estas reformas tiene en sus manos una responsabilidad histórica antes del cierre de plazo de vistas públicas. No basta con “suavizar” el golpe; hay que extirpar del Código Penal cualquier resquicio autoritario que pretenda intimidar al ciudadano común, al periodista o al disidente.

Nuestra libertad costó demasiada sangre como para permitir que el miedo se legalice en un artículo de ley. Defender el derecho a hablar, a investigar y a criticar es la única garantía de que los sacrificios del pasado sigan teniendo sentido en el futuro.