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SANTO DOMINGO.– El Congreso Nacional inicia esta semana el debate formal del «Proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional». La ambiciosa propuesta del Poder Ejecutivo arranca su camino legislativo con un panorama matemático sumamente cómodo para el oficialismo, aunque ya empieza a levantar las primeras alarmas en el sector empresarial y comercial del país.
Para acelerar el proceso, el Senado aprobó de inmediato la creación de una comisión bicameral. Por su parte, la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria este lunes con el fin de integrar a sus miembros y dejar formalmente instalado el equipo mixto que empezará el análisis técnico a partir del martes.
Como antesala al debate, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostendrán una reunión clave con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para desmenuzar el impacto real de la pieza.
Una aplanadora oficialista en el Congreso
La correlación de fuerzas políticas juega totalmente a favor del Gobierno. Al contar con una holgada mayoría absoluta en ambas cámaras, el PRM tiene la capacidad de aprobar la reforma fiscal sin la necesidad de negociar votos con los partidos de la oposición.
Tanto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como el vocero de la bancada oficialista, Moisés Ayala, han salido en defensa del proyecto, asegurando que el ambiente para su aprobación es «favorable» y prometiendo que las nuevas medidas impositivas e indexaciones salariales no golpearán a los quintiles más vulnerables de la población.
Reservas y alertas en el sector privado
A pesar del optimismo gubernamental, la propuesta que toca temas sensibles como el anticipo fiscal, los gastos educativos y la indexación tributaria ya genera resistencia:
Turismo y Aviación: La Asociación Dominicana de Líneas Aéreas (ADLA) expresó su profunda preocupación ante la propuesta de aplicar un cargo adicional de 10 dólares a los boletos aéreos. Advirtieron que la medida podría restar competitividad al país, encarecer los viajes y afectar directamente al turismo.
Sector Empresarial: El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reconoció el esfuerzo de simplificación, pero exigió al Gobierno una mayor rigurosidad y eficiencia en el gasto público y los subsidios para frenar las presiones estructurales de la economía.
Mipymes: Desde Codopyme ven con buenos ojos los incentivos a la inversión, pero recordaron que todo el texto es «susceptible de mejora» durante las vistas legislativas.
Un Congreso bajo intensa presión
La discusión de este plan fiscal no llega en un momento cualquiera. Las comisiones bicamerales deberán hacer espacio en una agenda legislativa que ya se encuentra saturada por otros dos macroproyectos: la demorada reforma laboral (que regresa a debate con más de 50 modificaciones) y el proyecto de transformación institucional de la Policía Nacional, que lleva siete meses bajo estudio.
