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La Habana.– La reciente actualización de la lista de sancionados por Estados Unidos ha dejado al descubierto la verdadera radiografía del poder en Cuba. Al colocar a altos mandos militares en el centro de su estrategia de presión, Washington no busca debilitar un aparato de defensa tradicional, sino golpear a la institución que sostiene los hilos políticos y financieros de la isla.
Bajo la Orden Ejecutiva del pasado 1 de mayo, siete de los 12 ciudadanos penalizados son militares de alto rango (incluyendo varios generales), mientras que cuatro de las cinco empresas sancionadas operan bajo el control directo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La medida confirma que, para la Casa Blanca, el uniforme en Cuba es sinónimo de gobierno y negocios.
El factor Raúl Castro y el control político
A sus 94 años y sin cargos oficiales en el Gobierno o el Partido Comunista de Cuba (PCC), el general de Ejército Raúl Castro sigue siendo la figura central del tablero cubano. Los medios estatales lo llaman ahora «líder al frente de la revolución», y su influencia junto a la de su nieto y escolta, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «Raulito» ha sido clave en los recientes e históricos contactos con Washington.
La presión estadounidense sobre la vieja guardia militar podría escalar a niveles sin precedentes. Medios en EE. UU. especulan sobre una posible acusación formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización «Hermanos al Rescate», un movimiento que sacudiría los cimientos de la diplomacia bilateral.
Más allá del apellido Castro, la influencia militar es transversal:
Buró Político del PCC: Cuatro de sus 13 miembros son generales.
Gabinete de Ministros: Cinco carteras están en manos de uniformados.
Poder Legislativo: Cinco de los siete militares recién sancionados por EE. UU. ocupan además un escaño como diputados en la Asamblea Nacional.
Gaesa: El gigante corporativo que no rinde cuentas
El verdadero motor de las FAR no son las armas, sino Gaesa. Este opaco conglomerado empresarial, fundado en 1995 y dirigido hasta su muerte en 2022 por el general Luis Alberto López-Calleja (exyerno de Raúl Castro), controla aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba.
Gaesa maneja de forma exclusiva los sectores más lucrativos del país: la totalidad de la infraestructura hotelera, el monopolio de las telecomunicaciones (Etecsa), las tiendas minoristas en divisas, las aduanas, inmobiliarias y la Zona de Desarrollo Especial de Mariel (ZDEM).
A pesar de su colosal tamaño, el conglomerado opera en un secretismo absoluto. Sus oficinas en la Avenida del Puerto de La Habana carecen de letreros institucionales y sus finanzas no se integran al presupuesto del Estado, no reciben auditorías de la Contraloría General y apenas aportan impuestos al erario público.
Aunque estimaciones de la revista The Economist sugieren que el declive del turismo ha mermado sus fondos hasta dejar sus reservas en unos 1,000 millones de dólares, Gaesa sigue siendo el corazón financiero del régimen, convirtiéndose en el blanco prioritario de la estrategia de asfixia económica de los Estados Unidos.
