EE. UU. refuerza control sobre teléfonos en escuelas: más de 20 estados aplican restricciones.

Karolina Martinez
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Fotografía extraida de Infobae

Reuters, AP News.- Más de 20 estados de Estados Unidos, entre ellos Nueva York, Virginia, California y Arkansas, han establecido prohibiciones estrictas para el uso de teléfonos móviles en las escuelas, que abarcan todo el horario de clases.

Las normativas obligan a los estudiantes a mantener sus dispositivos apagados y guardados, permitiendo excepciones únicamente en casos de emergencia, salud o necesidades educativas formales, los distritos escolares deben implementar mecanismos seguros de almacenamiento, como casilleros especiales o espacios supervisados, para garantizar que los estudiantes puedan concentrarse en el aprendizaje presencial.

El debate sobre la presencia de los smartphones en las aulas comenzó tras su popularización en 2007, pero se intensificó después de la pandemia de COVID-19 debido a los efectos en la atención, la interacción social y el clima escolar.

Funcionarios como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, señalaron que las nuevas reglas buscan mejorar la concentración, proteger la salud mental de los adolescentes y reforzar la comunicación familiar ante emergencias, estudios citados por Reuters y agencias estatales revelan que muchos estudiantes usan sus teléfonos más de una hora diaria durante las clases, lo que incrementa el acoso escolar y reduce la participación académica.

Aunque la mayoría de los estados prevé excepciones para emergencias médicas o necesidades educativas especiales, algunos organismos civiles y estudiantes reclaman mayor flexibilidad en situaciones excepcionales.

El Departamento de Educación de EE. UU. mantiene que la regulación depende de cada jurisdicción local, y 17 estados, como Maryland y Wyoming, permiten que los consejos escolares definan sus propias políticas, en Puerto Rico, se exige que las escuelas definan una política de uso de teléfonos antes de 2026, lo que obligará a estudiantes, familias y docentes a adaptarse a nuevas rutinas y protocolos de supervisión y seguridad.

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