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El magistrado Alvin Hellerstein rechaza archivar el caso por narcoterrorismo, pero deja la puerta abierta a evaluar si las sanciones de EE. UU. vulneran el derecho constitucional a la defensa.
El complejo tablero judicial contra Nicolás Maduro en los Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves. En una audiencia clave celebrada en un tribunal federal de Nueva York, el juez de distrito Alvin Hellerstein denegó la petición de la defensa para desestimar los cargos por narcoterrorismo, aunque reconoció que el financiamiento de los abogados sigue siendo un punto crítico del proceso.
El núcleo de la disputa no es la evidencia del caso, sino el dinero. Los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, sostienen que las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump han creado un cerco financiero que impide a Venezuela pagar los honorarios legales. Según la defensa, este bloqueo constituye una violación directa al derecho constitucional de elegir y costear una representación legal propia.
Un rechazo con «puntos suspensivos»
A diferencia de un cierre definitivo, la decisión de Hellerstein fue cautelosa. «No voy a desestimar el caso por ahora», afirmó el magistrado, calificando de «paso grave» tomar una medida tan drástica basada en hipótesis. Sin embargo, lanzó un aviso al Gobierno estadounidense: si se llega a demostrar que la Casa Blanca actúa de forma arbitraria al impedir el flujo de fondos para la defensa, la solicitud de desestimación podría volver a la mesa.
Los puntos clave de la audiencia:
Sin fecha de retorno: La sesión concluyó sin una fecha programada para la próxima vista.
Decisión pendiente: El juez emitirá en los próximos días un fallo específico sobre si ordenará al Gobierno permitir que Venezuela utilice fondos estatales para cubrir los gastos legales de la pareja.
Contexto social: Mientras el debate legal ocurría en el estrado, a las afueras del tribunal en Manhattan se registraron roces entre simpatizantes y detractores del mandatario venezolano.
Este caso promete sentar un precedente sobre el alcance de las sanciones de política exterior cuando estas colisionan con los derechos procesales dentro del sistema judicial de EE. UU.
