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Santo Domingo. – El panorama legal para la libre expresión en la República Dominicana sufrirá un cambio drástico a partir de agosto de 2026. Con la entrada en vigor de la Ley 74-25, el nuevo Código Penal no solo endurecerá las sanciones por difamación, sino que introducirá la acumulación de penas, permitiendo que una persona reciba condenas independientes por múltiples hechos difamatorios.
Esta figura, conocida como el «concurso de infracciones» (Art. 46), implica que si un individuo comete varias conductas que violan la ley de manera independiente, las penas se irán sumando. Según el presidente del Colegio de Abogados (CARD), Trajano Vidal Potentini, aunque el cúmulo de penas es una fortaleza para combatir delitos graves, su aplicación en la libertad de expresión genera una profunda preocupación.
El fin de la difamación «barata»
Bajo la legislación actual, la difamación se castiga con un máximo de un año de prisión. Sin embargo, el nuevo marco legal eleva las apuestas significativamente:
Difamación estándar (Art. 208): Imputar hechos que afecten el honor o la imagen en redes sociales, YouTube o medios tradicionales conllevará de 2 a 5 años de prisión.
Difamación extorsiva (Art. 209): Si se difama para obtener un beneficio o forzar a la víctima a una acción, la pena sube de 5 a 10 años de prisión.
Agravantes: Si el acto es cometido por dos o más personas, las multas pueden alcanzar los 30 salarios mínimos.
¿Peligra la libertad de expresión?
Vidal Potentini advirtió sobre lo que denomina una «inflación punitiva». El jurista señaló que el incremento exponencial de las penas y la inclusión de conductas ambiguas como gestos que puedan considerarse «ultraje» contra funcionarios podrían aumentar la conflictividad judicial y amordazar la crítica pública.
«El tema de la libertad de expresión trae consigo mucha preocupación», afirmó el titular del CARD, tras informar que el gremio ya ha promovido acciones ante el Tribunal Constitucional para revisar posibles inconstitucionalidades antes de que la norma sea plenamente ejecutable en agosto.
La nueva ley es clara: las plataformas digitales, servicios de streaming y redes sociales están bajo el radar penal, lo que obliga a comunicadores y usuarios de internet a replantear la rigurosidad de sus publicaciones.
