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La nueva Ley 36-26, aprobada «al vapor» en el Congreso, desata fuertes críticas del CONEP, AmchamDR y Asonahores por el drástico aumento de la carga impositiva al sector productivo.
Santo Domingo. – A pesar de las advertencias y el rechazo del sector empresarial, la modificación a la normativa de desechos ya es una realidad. El presidente Luis Abinader promulgó la reforma a la ley de residuos sólidos, una legislación aprobada bajo el procedimiento de urgencia que multiplica las contribuciones anuales de las empresas, gravando incluso a los negocios que no reporten utilidades líquidas.
La promulgación fue confirmada por el consultor jurídico de la Presidencia, Jorge Subero Isa, mediante una notificación al Senado que otorga a la nueva legislación el código Ley núm. 36-26, entrando en vigor de manera inmediata.
La nueva escala de pagos: ¿Cuánto costará recolectar la basura?
La reforma altera por completo los tramos de contribución obligatoria calculados sobre los ingresos brutos anuales, afectando desde las microempresas hasta las grandes corporaciones:
Micro y pequeñas empresas: El primer tramo se amplía. Los negocios con ingresos desde cero hasta 5 millones de pesos ahora deberán pagar una tarifa fija de RD$5,000 anuales (anteriormente el tope era de RD$3,000 para quienes facturaban hasta un millón).
Medianas empresas: Aquellas con facturación entre 10 y 25 millones de pesos verán un incremento en su cuota, pasando de RD$20,000 a RD$25,000.
Grandes contribuyentes (El mayor impacto): Se elimina la tarifa única de RD$675,000 que existía para los ingresos superiores a los 100 millones de pesos. En su lugar, se establece una escala progresiva que escala desde los RD$400,000 hasta un techo de RD$2.2 millones anuales.
En contraste, el nuevo esquema reduce los aportes para las empresas que facturan entre 25 y 50 millones (de RD$155,000 a RD$90,000) y entre 50 y 80 millones (fijado en RD$120,000).
Alarma en el sector empresarial por falta de consenso
La celeridad con la que el Congreso despachó la pieza legislativa introducida por el senador Antonio Marte y aprobada en apenas cinco días sin debates profundos en comisiones encendió las alarmas de los principales gremios económicos del país.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, calificó la medida como «difícil de comprender» en la coyuntura económica actual y cuestionó la falta de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados, los cuales son administrados por el fideicomiso DO Sostenible.
A esta postura se unieron William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AmchamDR, y la directiva de Asonahores, quienes coincidieron en que este tipo de reformas exprés golpean la competitividad, la predictibilidad del clima de inversión y terminan trasladando la carga económica al consumidor final.
