SANTO DOMINGO.– El equipo de defensa legal del regidor de Higüey, Willy Manuel Zorrilla Domínguez, quien figura entre los 22 arrestados durante la denominada Operación Rompeolas, depositó formalmente una acción constitucional de habeas corpus para impugnar la legalidad de su detención, denunciando que las autoridades excedieron el plazo máximo de 48 horas para presentarlo ante un tribunal.

A través de un comunicado público, los juristas Emmanuel Rivera Rodríguez, Moisés Torres Pión y Juan Pablo Polo Cedeño confirmaron el sometimiento del recurso ante la jurisdicción competente, con el objetivo de que se evalúe la validez de la privación de libertad de su cliente y se ordene su inmediata puesta en libertad.
Los abogados sostienen que mantener a Zorrilla Domínguez bajo custodia sin ser puesto a disposición de un juez vulnera directamente el artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República Dominicana. En ese sentido, enfatizaron que el traslado del imputado entre distintas jurisdicciones del país no interrumpe ni reinicia el cómputo de las 48 horas establecidas por la Carta Magna.
Denuncian maltrato físico durante el apresamiento
Además de los cuestionamientos procesales, la barra de la defensa alertó que el edil habría sido objeto de agresiones físicas al momento de su detención. Aunque el documento no especifica la gravedad de los golpes ni las circunstancias exactas del incidente, los letrados aseguraron que el caso ya fue elevado ante el tribunal para que se tutelen sus derechos fundamentales a la integridad personal y a la dignidad humana.
El recurso está sustentado en los artículos 40 y 71 de la Constitución, el artículo 395 del Código Procesal Penal, el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (137-11), así como en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, los representantes legales aclararon que esta acción no busca obstaculizar las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público en torno a la presunta red de narcotráfico y lavado de activos, sino asegurar el respeto al debido proceso. «No se trata de sustraerse a la justicia, sino de exigir que la justicia se administre conforme a la Constitución», puntualizaron.
