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Las tres grandes cadenas acuden a un tribunal federal alegando una violación a la Primera Enmienda, luego de que el Gobierno les confiscara sus credenciales por sus coberturas informativas.
WASHINGTON — La escalada entre el gobierno de Donald Trump y los medios de comunicación en Estados Unidos ha llegado oficialmente a las cortes. Los gigantes informativos CNN, MS NOW y Politico interpusieron este lunes una demanda conjunta ante un tribunal federal del Distrito de Columbia tras la revocación inmediata de sus pases de prensa en la Casa Blanca.
Las tres organizaciones argumentan que la medida es una represalia arbitraria que vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, la cual garantiza la libertad de prensa y de expresión en el país.
La tensión se materializó durante el fin de semana, cuando las reporteras Akayla Gardner (MS NOW), Betsy Klein (CNN) y Cheyenne Haslett (Politico) intentaron ingresar a las instalaciones presidenciales para cumplir con sus labores de cobertura, siendo bloqueadas por el personal de seguridad, que procedió a confiscarles sus identificaciones. La restricción también ha inhabilitado los sets de transmisión y cámaras que los canales mantenían instalados en los jardines de la Casa Blanca.
La decisión administrativa fue anunciada por el propio mandatario a través de Truth Social, argumentando que los medios afectados difunden «noticias falsas» y amenazando con extender la prohibición a otras cadenas. Por su parte, la representación legal de las empresas periodísticas denunció que la acción se ejecutó «sin previo aviso ni procedimiento formal», sentando un peligroso precedente sobre la capacidad del poder ejecutivo para filtrar o castigar el trabajo de la prensa independiente.
Este conflicto no es el único choque reciente entre la administración y los medios. Meses atrás, la Casa Blanca aplicó restricciones de acceso a reporteros de Associated Press (AP) tras la negativa de la agencia a acatar el uso del término «golfo de América» en lugar de golfo de México.
Se anticipa que el juez federal asignado al caso convoque a audiencias preliminares en los próximos días para evaluar si la revocación de credenciales constituye un abuso de poder constitucional.
