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El Poder Ejecutivo catalogó la prevención, detección y persecución del «terrorismo medioambiental» como un asunto de alto interés nacional y de prioridad estratégica para la seguridad del Estado, tras la promulgación del Decreto 615-26 por parte del presidente Luis Abinader.
La ordenanza busca blindar los ecosistemas clave y las infraestructuras ecológicas del país mediante una articulación interinstitucional de inteligencia y seguridad, sin que esto implique la modificación del catálogo de delitos penales vigentes.
Alcance y definición administrativa
El texto aclara que la norma no crea un nuevo tipo penal ni altera la legislación existente. En su lugar, delimita el «terrorismo medioambiental» dentro del ámbito preventivo e institucional para categorizar aquellas agresiones graves contra ecosistemas o infraestructuras estratégicas que encajen en los criterios sancionados por la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
Entre los activos y recursos bajo esta protección especial figuran:
Sistemas de agua e infraestructura: Presas, acueductos, embalses, canales de riego y plantas de tratamiento.
Patrimonio natural prioritario: Áreas protegidas, cuencas hidrográficas, nacimientos de ríos, bosques, manglares, acuíferos y arrecifes de coral.
Plan de seguridad y articulación institucional
El decreto instruye a los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Interior y Policía, y Justicia, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Dirección General de Migración y organismos antiterroristas, a diseñar una Política Nacional de Prevención.
Esta estrategia concentrará sus esfuerzos en frenar los incendios forestales intencionales, proteger los bosques y cuencas, y resguardar la infraestructura de agua potable y las redes de distribución eléctrica. De igual forma, el Comité Nacional Antiterrorista deberá integrar estas amenazas en sus planes de inteligencia operative.
Ruta legal y denuncias confidenciales
El rol de las entidades del Poder Ejecutivo será estrictamente preventivo. Cada vez que se detecte un delito contra el medio ambiente, el caso se remitirá de inmediato al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y el procesamiento penal judicial.
Además, la disposición ordena la creación de plataformas tecnológicas para que la ciudadanía pueda realizar denuncias de forma confidencial, garantizando la protección de la identidad de los colaboradores y denunciantes que actúen de buena fe.
