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SANTO DOMINGO.– Gracias a una operación conjunta de inteligencia y cooperación judicial entre Estados Unidos y la República Dominicana, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una condena de 15 años de prisión a una mujer hallada culpable de explotar sexualmente a sus dos hijas menores de edad y a otras niñas de su entorno familiar.
La imputada, cuya identidad se omite para proteger la integridad de las víctimas, deberá pagar además una multa equivalente a 100 salarios mínimos tras violar las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes de Alta Tecnología y el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El celular que destapó la trama en Nueva York
El caso no surgió de una querella local, sino de un peritaje informático realizado a miles de kilómetros. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaban un análisis forense al teléfono celular de Daniel Batista, un individuo investigado por delitos sexuales en el estado de Nueva York, cuando descubrieron la recepción constante de archivos multimedia con contenido de abuso sexual infantil provenientes de la República Dominicana.
El rastreo técnico determinó que la hoy condenada fotografiaba y filmaba sin ropa a las menores para comercializar el material con Batista, quien le transfería dinero de forma periódica desde territorio estadounidense. Batista ya fue juzgado en Nueva York y purga una pena de 18 años de cárcel por posesión de material ilícito.
Mecanismos de la Convención de Palermo
A través del Departamento de Justicia de EE. UU. y bajo el amparo de la Convención de Palermo que faculta el intercambio directo de evidencias entre naciones para combatir el crimen transnacional, las autoridades estadounidenses remitieron el expediente digital a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
Con esta información, la unidad investigativa de la PETT, con el apoyo del Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICTOT) y bajo la dirección de la fiscal Aleika Almonte, instrumentó el caso que derivó en el arresto de la acusada.
En el juicio de fondo, representado por las fiscales Almonte y Noelia Tavera, el tribunal compuesto por las magistradas Keila Pérez, Arisdeilis Méndez y Francis Hernández validó la contundencia de las pruebas digitales presentadas.
Al respecto, la titular de la PETT, Yoanna Bejarán Álvarez, enfatizó que la articulación internacional resulta vital para evitar la impunidad en delitos cibernéticos que vulneran los derechos de la infancia.
