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SANTO DOMINGO. – El caso de corrupción administrativa que sacude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha dado un giro radical. La mitad de los imputados en el expediente ha decidido arrojar la toalla y buscar una salida rápida al proceso judicial mediante una negociación directa con el Ministerio Público.
De los diez encartados señalados en la presunta red que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos, cinco ya han iniciado acercamientos formales con el objetivo de acogerse a un acuerdo de juicio penal abreviado. Este recurso legal implica la admisión formal de culpabilidad a cambio de una reducción sustancial de las penas solicitadas.
Admisión de culpa para evitar la cárcel común
El desmantelamiento de la red de corrupción en SeNaSa ha puesto contra las cuerdas a los exfuncionarios involucrados. Entre los principales imputados que enfrentan este proceso legal se encuentra el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, a quien el órgano persecutor señala como una de las piezas clave en las supuestas irregularidades financieras y operativas de la ARS estatal.
Con este movimiento estratégico, la mitad del grupo acusado busca:
Abreviar el proceso judicial y evitar un largo y mediático juicio de fondo.
Negociar condenas suspendidas o penas mínimas de prisión a cambio de colaborar con las autoridades.
Agilizar la recuperación de activos por parte del Ministerio Público, lo que suele ser un requisito obligatorio para validar estos convenios.
¿Qué es un acuerdo penal abreviado? Es un mecanismo procesal donde el imputado acepta los cargos imputados por la Fiscalía. A cambio de evitar un juicio largo, se pacta una pena consensuada que debe ser validada y homologada por un juez.
Presión sobre el resto de los implicados
La decisión de estos cinco encartados de pactar con el Ministerio Público coloca en una posición sumamente vulnerable a los cinco acusados restantes que han decidido mantener su postura de inocencia. Históricamente, en los casos de corrupción administrativa en la República Dominicana, las admisiones de culpabilidad de unos imputados suelen ser utilizadas por los fiscales como pruebas demoledoras para terminar de hundir a quienes deciden ir a juicio de fondo.
Se espera que en las próximas audiencias se presenten formalmente los términos y condiciones de estos acuerdos ante el tribunal correspondiente para su conocimiento y validación definitiva.
