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Una polémica reforma a la Ley de Residuos Sólidos (Ley 225-20) avanza a velocidad récord en el Congreso Nacional, encendiendo las alarmas del sector empresarial y la sociedad civil. De aprobarse de forma definitiva, la modificación triplicará las contribuciones obligatorias del sector privado, disparando los ingresos anuales del fideicomiso DO Sostenible de 3,000 millones a casi 9,000 millones de pesos.
La rapidez con la que tanto el Senado como la Cámara de Diputados han conocido y aprobado de urgencia esta pieza sin el debido estudio de comisiones permanentes ni consultas públicas ha despertado profundas sospechas sobre la falta de transparencia en la gestión de estos fondos públicos-privados.
El nuevo esquema de aportes que asfixia a las empresas
A pesar de que la Cámara de Diputados introdujo ligeras reducciones al texto original del Senado, el incremento sigue siendo calificado como «extraordinario» por los gremios industriales. El nuevo esquema de tarifas anuales según los ingresos de las empresas se fija de la siguiente manera:
Ingresos entre RD$700 y RD$1,000 millones: Aporte de RD$750,000.
Ingresos entre RD$1,000 y RD$2,500 millones: Aporte de RD$1.7 millones.
Ingresos superiores a RD$2,500 millones: Aporte de RD$2.2 millones (el Senado proponía RD$3 millones).
Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), advirtió que algunas categorías empresariales experimentarán aumentos de hasta un 1,000 % en comparación con lo que pagan actualmente (un tope de RD$675,000). Sectores como la construcción y el turismo ya alertaron que estos costos se trasladarán inevitablemente al precio de las viviendas y los servicios.
Pérdidas millonarias y dudas en el manejo financiero
El destino de estos miles de millones no va al presupuesto general del Estado, sino que es administrado por el fideicomiso DO Sostenible a través de Fiduciaria Reservas. Una revisión de sus estados financieros no auditados al cierre de 2025 revela datos que profundizan la desconfianza:
Deterioro patrimonial: El patrimonio del fideicomiso sufrió una drástica caída, pasando de RD$1,382 millones a inicios de 2024 a solo RD$113 millones al cierre de 2025, arrastrando una pérdida neta de RD$1,269 millones.
Litigios activos: La entidad enfrenta demandas judiciales en el curso de sus operaciones por un monto estimado de RD$1,230 millones.
Altos costos de administración: En 2025, DO Sostenible pagó RD$44.5 millones en comisiones de administración a la fiduciaria, más otros RD$10.5 millones por concepto de gestión de tesorería.
El vacío de la transparencia: Las contrataciones de los operadores privados que manejan los vertederos y plantas de valorización no figuran en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). La Dirección General de Contrataciones Públicas confirmó que el fideicomiso aún no transacciona en su plataforma.
Preguntas sin respuesta
La AIRD y otros sectores cuestionan la total ausencia de informes técnicos que justifiquen la necesidad de triplicar la recaudación. Mientras el fideicomiso se prepara para gestionar una de las mayores fortunas de origen público en el país, el escrutinio ciudadano sigue chocando contra una pared: se desconoce quiénes son los gestores privados contratados, bajo qué criterios fueron elegidos y cuánto dinero reciben por cada tonelada de basura procesada.
