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SANTO DOMINGO. – El reloj legislativo volvió a ponerse en pausa para la reforma laboral. La Cámara de Diputados decidió este miércoles dejar sin efecto el plazo fijo que se había autoimpuesto para conocer el proyecto en segunda lectura, devolviendo la pieza a la comisión correspondiente bajo una nueva prórroga ordinaria.
La propuesta de congelar el debate fue presentada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien justificó la medida tras el reciente llamado del presidente Luis Abinader para que el sector empresarial y el sindical retomen las conversaciones, ofreciendo al Gobierno como mediador.
Pacheco aprovechó el escenario para disipar los rumores y fijar la postura oficialista respecto al punto más álgido del debate: los derechos adquiridos de los trabajadores.
«El presidente de la República acaba de decir que la posición del Gobierno es mantener como está al día de hoy la cesantía dentro del proyecto», aclaró Pacheco, asegurando que en el Congreso hay un consenso unánime entre todas las bancadas para no alterar este beneficio, a pesar de lo que sectores «maliciosos» intentan insinuar.
Sin embargo, el legislador admitió que persisten «divergencias» en aproximadamente seis aspectos del nuevo Código de Trabajo, lo que obliga a abrir este compás de espera.
A pesar de otorgar un plazo ordinario el cual, según los reglamentos internos del órgano legislativo, da un margen de hasta 30 días, Pacheco advirtió que la tregua no será eterna ni el debate ilimitado.
Basado en conversaciones previas con el mandatario, el presidente de los diputados estimó que las negociaciones entre patronos y sindicatos no deberían extenderse por más de 15 días. Existe un compromiso político firme de aprobar la reforma antes del cierre de la presente legislatura, pautado para el próximo 26 de julio.
«Si no se logran acuerdos entre el sector patronal y sindical (…), entonces el Congreso tomará su decisión», sentenció de forma tajante, dejando claro que el Poder Legislativo asumirá la última palabra si las partes no ceden.
Con este nuevo aplazamiento, el proyecto de reforma laboral suma su tercer freno en menos de un mes, evidenciando la complejidad y el costo político de una de las piezas legislativas más vigiladas del año.
