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SANTO DOMINGO. – El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana asumió la responsabilidad de decidir el futuro inmediato del salario de la clase media trabajadora. Tras una intensa audiencia pública, la alta corte dejó en estado de fallo un recurso de inconstitucionalidad que busca obligar al Estado a indexar por inflación de forma total los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR).
La acción legal, registrada bajo el expediente TC-01-2026-0010, fue impulsada por un bloque opositor unificado que incluye al senador Omar Fernández (Fuerza del Pueblo) y al diputado Charlie Mariotti Paz (PLD), entre otros legisladores. El recurso ataca directamente el artículo 45 de la Ley 99-25 del Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026, el cual mantiene suspendido de manera parcial este alivio tributario.
¿De cuánto es el golpe al bolsillo del trabajador? El núcleo del debate radica en cómo la inflación ha devorado el poder adquisitivo de los ciudadanos mientras el umbral para pagar impuestos se mantiene congelado. Según los accionantes, debido a las prórrogas que el Gobierno ha aprobado en los presupuestos durante los últimos ocho años, un trabajador empieza a pagar el ISR a partir de los RD$ 34,000 mensuales.
La oposición argumenta que, si se aplicara estrictamente la indexación acumulada que manda el Código Tributario, el límite exento debería subir hasta los RD$ 52,000. Esto significa que miles de empleados de ingresos medios están tributando un dinero que, por ley, debería quedarse en sus presupuestos familiares.
«La ley no habla de un chin de indexación, habla de la indexación. Y la indexación es llevarla de 34,000 a 52,000 pesos», sentenció el senador Omar Fernández al salir de la audiencia, criticando los ajustes parciales del Gobierno que calificó como insuficientes.
Un «caramelito» frente a la inflación En la misma línea, el diputado Ramón Raposo (PRD) denunció que la inflación está «haciendo añicos» los salarios y acusó al Poder Ejecutivo de ofrecer soluciones a medias en lugar de resolver el problema de fondo en las discusiones fiscales. «Simplemente se le presenta una especie de caramelito a la sociedad dominicana para, por otra parte, cargarla de impuestos», puntualizó.
Por el lado de la defensa del Estado, los representantes del Senado, la Cámara de Diputados y la Procuraduría General de la República solicitaron formalmente al tribunal rechazar el recurso.
Este caso formó parte de una jornada histórica para el TC, que conoció 21 expedientes en una sola audiencia, la mayor cantidad registrada en su historia. Ahora, la pelota está en la cancha de los magistrados, de quienes depende si se devuelve o no el poder de consumo a los trabajadores dominicanos.
