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Un general y siete sargentos de las Fuerzas Armadas de Venezuela fueron puestos en libertad plena la noche de este martes tras pasar nueve años y seis meses tras las rejas. La información fue confirmada por la ONG Foro Penal, organización que lidera la defensa de los considerados presos políticos en ese país.
Según detalló el director vicepresidente de la entidad, Gonzalo Himiob, la liberación se produjo por «cumplimiento de la pena». Los uniformados habían sido condenados a ocho años de prisión por el delito de «instigación al odio», una pena que ya habían excedido por año y medio en reclusión.
La boleta de libertad benefició al general Ramón Lozada Saavedra y a los sargentos Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero.
El trasfondo del caso: Supuesta conspiración y denuncias de tortura
El calvario de este grupo de militares comenzó en enero de 2017, cuando fueron arrestados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM):
El fantasma de una rebelión: El Gobierno venezolano vinculó originalmente a los sargentos con un supuesto golpe de Estado supuestamente liderado por el exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien fuera aliado del fallecido Hugo Chávez y que murió bajo custodia del Estado en octubre de 2021.
Violación al debido proceso: Los familiares denunciaron que los militares sufrieron severas torturas incluyendo descargas eléctricas y aislamiento, además de enfrentar un limbo legal marcado por más de 60 diferimientos de sus audiencias de juicio.
El caso del General: Por su parte, el general Lozada Saavedra ya había obtenido una libertad condicional en 2018, pero fue reapresado un año más tarde bajo nuevas acusaciones de conspiración para atentar contra Nicolás Maduro.
El trágico precedente de Baduel: El caso reaviva la memoria de lo sucedido con el general Raúl Isaías Baduel, pieza clave en esta supuesta red conspirativa. Mientras las autoridades de la Fiscalía General alegaron en 2021 que Baduel falleció por complicaciones de covid-19 en prisión, sus familiares siempre desmintieron la versión oficial y denunciaron falta de atención médica.
