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La comunicadora Estefanía Moronta denuncia una «Falta de Servicio» del Estado, filtración de expedientes y la inacción de la seguridad en el Juzgado de Alma Rosa.
Cuestionan la moral del sector justicia por convocar a protestas salariales este 21 de mayo tras haber dejado desamparada a la víctima.
SANTO DOMINGO. – La familia de Esmeralda Moronta solicitó formalmente a la Procuraduría General de la República, bajo la conducción de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, que la investigación sobre el trágico feminicidio de su pariente no se limite al autor material, sino que desmantele la estructura de complicidad por acción y omisión institucional que facilitó el crimen.
A través de un contundente documento firmado por la comunicadora Estefanía Moronta, hermana de la víctima, la familia denunció que el Estado dominicano incurrió en una flagrante «Falta de Servicio» y negligencia sistémica, violando el Artículo 148 de la Constitución sobre la responsabilidad civil de los entes públicos, tras dejar a Esmeralda desparada luego de que esta acudiera a buscar auxilio legal.
«El asesino apretó el gatillo, pero la red de cómplices por acción y omisión cargó el arma. Si la magistrada Yeni Berenice busca justicia real, el Régimen de Consecuencias debe empezar por casa, limpiando los juzgados de quienes venden la vida de las víctimas por una ‘cuña’ o un fajo de billetes», sentenció Moronta.
Las cuatro líneas de complicidad exigidas
La denuncia establece un cuadro detallado de violaciones legales y exige auditorías urgentes en la Unidad de Atención a Víctimas y el Juzgado de Alma Rosa, señalando cuatro eslabones clave:
La Traición Interna (Filtración): Exigen auditar al personal administrativo y asistentes con acceso al expediente. Denuncian que la filtración de que Esmeralda sometería al agresor se convirtió en su sentencia de muerte, violando el secreto profesional (Art. 377 y 378 del Código Penal) y la Ley 41-08 de Función Pública.
Fallo en la Seguridad (Omisión de Socorro): Señalan a los oficiales del recinto que presenciaron el asedio al vehículo de la víctima dentro del perímetro judicial y no intervinieron, incurriendo en omisión de socorro (Art. 307 del Código Penal).
Logística del Crimen: Demandan procesar al dueño del vehículo utilizado para trancar el paso a Esmeralda, tipificado como complicidad necesaria bajo los Artículos 59 y 60 del Código Penal.
Control de Armas (Ley 631-16): Piden investigar a la armería y a los funcionarios que validaron el permiso de arma del agresor sin evaluaciones psicofísicas rigurosas.
Crítica a las protestas del sector justicia el 21 de mayo
El documento de la familia Moronta califica como una «burla» que, en medio de esta tragedia provocada por el descuido estatal, el sector justicia esté enfocado en organizar protestas para este próximo 21 de mayo en demanda de beneficios salariales.
«No tienen moral para exigir aumentos quienes no son capaces de garantizar la vida de una mujer. Antes de pelear por un sueldo más alto, deberían estar depurando sus filas de los soplones que prácticamente entregaron a Esmeralda», fustigó la hermana de la víctima.
Llamado a los legisladores y la Corte
Finalmente, hicieron un llamado enérgico a los diputados y diputadas para que eviten utilizar esta tragedia como un escenario de oportunismo político o «solidaridad de micrófono». Exigen que el rol fiscalizador del Congreso se traduzca en leyes que garanticen un Régimen de Consecuencias real para los funcionarios negligentes.
La familia Moronta advirtió que no aceptará que la investigación se detenga en el gatillo y que la Corte debe actuar como el organismo supremo para asegurar que este caso marque un antes y un después en la tutela judicial efectiva de la República Dominicana.
