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Bogotá. – Colombia, el único país de América Latina donde se tiene registro de la práctica de mutilación genital femenina, se encuentra en una carrera contra el reloj legislativo. Un proyecto de ley, impulsado por líderes de la comunidad Embera Chamí y legisladores, busca prohibir definitivamente esta práctica que afecta a cientos de niñas en las zonas rurales de Risaralda.
El objetivo central de la iniciativa no es el castigo penal para las parteras quienes son vistas como víctimas de la falta de información sino la implementación de robustos planes de prevención y pedagogía dentro de los territorios ancestrales.
Una tragedia invisibilizada La ablación del clítoris, realizada a menudo con herramientas rudimentarias como navajas o clavos hirviendo, ha operado bajo un estricto código de silencio. Según la ONG Equality Now, se han reportado al menos 204 casos entre 2020 y 2025, aunque las autoridades médicas advierten sobre un subregistro crítico debido a que muchas bebés mueren por infecciones o hemorragias y son enterradas sin registros oficiales.
Testimonios del silencio:
Alejandrina Guasorna (74 años): Supo que fue mutilada al alcanzar la adultez, en una comunidad donde la muerte de recién nacidas se consideraba «normal».
Etelbina Queragama (63 años): Relata una vida marcada por el dolor físico y la ausencia de placer, consecuencias directas de una práctica basada en mitos sobre la sexualidad femenina.
El desafío en el Congreso El proyecto de ley debe superar su último debate en el Senado antes del 20 de junio, fecha en que concluye el periodo legislativo. Líderes como Francia Giraldo, exgobernadora indígena, defienden que la solución radica en la conciencia y no en la criminalización, permitiendo que mujeres defensoras de derechos humanos lleguen a los resguardos más alejados para transformar estas costumbres desde el corazón de la comunidad.
