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La Cámara Federal de Argentina ha decidido reabrir la investigación contra el expresidente boliviano Evo Morales, acusado de presunta explotación de personas y abuso de menores durante su permanencia como asilado político en el país.
Esta resolución también otorga legitimidad a la Fundación Apolo como parte querellante en el proceso, revocando una decisión anterior del juez de primera instancia, según los magistrados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, el cierre anterior del expediente fue considerado apresurado, dado que las denuncias originales y su ampliación aportan indicios relevantes que ameritan ser examinados en profundidad.
La Fundación Apolo, reconocida por su labor en la protección de los derechos humanos, insistió en la necesidad de retomar la causa debido a la omisión de pruebas claves y la falta de citación a testigos fundamentales, como Angélica Ponce, quien declaró en Bolivia, Ponce aseguró haber visto a adolescentes trabajando en condiciones degradantes durante las visitas a Morales en Argentina, y denunció que incluso se ofrecían menores como “regalos” a cambio de beneficios políticos. Estas declaraciones motivaron la solicitud de nuevas medidas judiciales para esclarecer los hechos.
En noviembre del año pasado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal contra Morales por estos presuntos delitos, alegando que durante su asilo convivió con al menos cuatro adolescentes trasladadas desde Bolivia, supuestamente en situaciones de vulnerabilidad. Bullrich calificó los hechos como “el peor de los crímenes” cometidos en territorio argentino, agregando que este caso se suma a otro proceso ya abierto en Bolivia por delitos similares, la reapertura del expediente marca un nuevo capítulo judicial con implicaciones tanto legales como diplomáticas.
