SANTO DOMINGO. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, lanzó un mensaje claro sobre el futuro de los procesos judiciales en el país: los acuerdos con imputados no solo continuarán, sino que son una «necesidad» para que el sistema judicial no colapse.
A través de su cuenta en la red social X, el magistrado aseguró que el Ministerio Público seguirá priorizando las conciliaciones siempre que los resultados sean más beneficiosos para el Estado que agotar un largo y complejo juicio oral. Según Camacho, estos pactos permiten descongestionar los tribunales y obtener resultados inmediatos en la recuperación de bienes sustraídos.
El modelo de «Criterio de Oportunidad»
La estrategia ha cobrado fuerza tras casos emblemáticos donde el Estado ha logrado recuperar miles de millones de pesos. Uno de los ejemplos más recientes y sonados es el de Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien bajo un «criterio de oportunidad» devolvió más de RD$3,000 millones en bienes y efectivo, comprometiéndose además a testificar contra otros implicados en el fraude a las EDE.
¿Justicia o impunidad?
Aunque el Código Procesal Penal contempla estas soluciones alternas desde el 2002, la «cultura litigiosa» del dominicano suele ver con escepticismo que un acusado reciba penas reducidas. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que estos acuerdos son la llave para:
Recuperar activos: Devolución de dinero que, de otro modo, tardaría décadas en retornar al erario.
Obtener pruebas: Los imputados que colaboran ayudan a «embarrar» a las cabezas de las estructuras criminales.
Eficiencia: Evitar el estancamiento de expedientes que pueden durar años en los tribunales.
Camacho concluyó que el sistema adversarial dominicano simplemente no sería viable sin estas herramientas, sugiriendo que la población debe acostumbrarse a ver más devoluciones millonarias y menos condenas máximas en casos de alta complejidad.