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La comunidad de Los Aguacates exige nuevas consultas ambientales ante el temor de daños al río Matúa, mientras la empresa Oakhouse defiende que el proyecto cumple con estándares internacionales.
Santo Domingo. – Lo que comenzó como una manifestación local se ha convertido en un conflicto de largo aliento que entra ya en su tercer mes. Un campamento de resistencia comunitaria mantiene paralizado, desde hace 75 días, el acceso a los terrenos donde se proyecta la construcción de una planta de industrialización y valorización de residuos sólidos en La Cuaba.
A pesar de que la Policía Nacional mantiene una vigilancia permanente en la zona de Los Aguacates para evitar incidentes, el libre tránsito hacia la propiedad sigue restringido por los manifestantes, bloqueando las operaciones de los promotores y contratistas del proyecto.
Comunidad vs. Empresa: Posturas enfrentadas
El conflicto, que data originalmente de 2021, mantiene trancado el diálogo entre dos visiones opuestas sobre el uso del suelo y el impacto ambiental:
El rechazo comunitario: Fabio Correa, vocero del colectivo No Vertedero en La Cuaba, asegura que los residentes no fueron debidamente consultados. La principal preocupación radica en la cercanía de fuentes acuíferas que alimentan la microcuenca del río Matúa (afluente del sistema Ozama-Isabela), temiendo que la obra termine convertida en un vertedero tradicional que afecte la salud local. Además, denunciaron presuntos actos de intimidación recientes por parte de personas armadas vinculadas a la empresa.
La defensa técnica: Por su parte, el geólogo Osiris de León, asesor técnico del proyecto para la empresa Oakhouse, enfatizó que la obra cuenta con todos los permisos legales y ambientales. De León aclaró que la planta está diseñada bajo un modelo moderno de economía circular que procesará materiales reciclables y contará con tecnología cerrada, geomembranas de alta seguridad y sistemas de tratamiento de lixiviados (líquidos residuales). Asimismo, argumentó que el terreno posee una base de roca volcánica basáltica impermeable que impide cualquier infiltración al subsuelo.
Pérdidas económicas y un futuro incierto
Mientras el campamento levantado el pasado 30 de abril sigue firme, contratistas vinculados a la obra han reportado pérdidas económicas significativas por la imposibilidad de ingresar al terreno, solicitando una intervención más contundente de las autoridades para restablecer el derecho a la propiedad.
Las partes aseguran estar dispuestas al entendimiento, pero bajo condiciones estrictas: la comunidad exige una revisión total de los estudios de factibilidad ambiental, mientras la empresa reitera que el proyecto garantiza «cero impacto negativo» al entorno. Por el momento, la obra sigue congelada y sin una salida negociada a la vista.
