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SANTO DOMINGO, R.D. — En un esfuerzo por reducir los índices de siniestralidad en las carreteras dominicanas, el Senado de la República aprobó al Poder Ejecutivo un financiamiento de 200 millones de dólares (unos 11,600 millones de pesos). Los recursos serán ejecutados de forma conjunta por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La iniciativa, enmarcada en el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, busca transformar la infraestructura vial, implementar la licencia por puntos y modernizar la fiscalización y la atención médica a víctimas de accidentes.
Inversión por ejes estratégicos
El presupuesto del empréstito se dividirá en cuatro bloques principales de intervención:
Puntos críticos en grandes carreteras (US$139 millones – 63.4%): El MOPC intervendrá tramos de alta peligrosidad en la Carretera Sánchez, la Autopista de las Américas, la Autovía del Este y la Autopista del Nordeste. Se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimento, señalización, corrección de peraltes y el cierre definitivo de cruces informales bajo estándares iRAP.
Modernización, control e instituciones (US$35 millones):
US$20 millones para consolidar el Registro Nacional de Motocicletas, implementar el Sistema Integral de Control y Monitoreo de Velocidad (Sicmov) y el Centro de Control de la Movilidad.
US$9.2 millones para educación vial escolar, fortalecimiento del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) y normativas complementarias a la Ley 63-17.
US$5.5 millones destinados a equipar ambulancias, unidades de emergencia y capacitar al personal de salud en zonas de alta siniestralidad.
Entornos escolares seguros (US$20 millones): Se adecuarán las áreas circundantes de 286 centros educativos en Santo Domingo y Santiago. Las obras incluirán señalización, reductores de velocidad, rampas de accesibilidad y paraderos, priorizando la contratación de MIPYMES lideradas por mujeres.
Gestión y auditoría (US$6 millones): Cubrirán los gastos operativos, evaluación y auditorías del programa.
Con esta inyección de recursos, el Gobierno busca no solo reparar vías estratégicas, sino sentar las bases de una cultura vial más segura para peatones, ciclistas y conductores.
