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Por Margarita Feliciano
Miembro de la Dirección Central y Vicesecretaria General
Circunscripción 1 del Distrito Nacional – Fuerza del Pueblo
La salud mental se ha convertido en uno de los desafíos sociales más urgentes de la República Dominicana, pero continúa relegada en la agenda pública. El aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos emocionales, la violencia intrafamiliar y de género, así como las crisis conductuales, evidencian una realidad que el Estado no puede seguir ignorando.
En este contexto, cobran especial relevancia las declaraciones del senador Omar Fernández, quien ha señalado que en el país existen recursos, pero falta voluntad política para garantizar apoyo real y sostenido a las familias afectadas por condiciones de salud mental y del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista (TEA). La salud mental no puede seguir siendo tratada como un tema secundario.
Este problema no se limita a casos extremos. Incluye condiciones ampliamente documentadas como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y los trastornos del desarrollo neurológico. En el caso del espectro autista, la falta de diagnóstico temprano, atención especializada y acompañamiento integral mantiene a miles de familias en una situación de abandono institucional, obligándolas a asumir costos elevados o a prescindir de terapias esenciales.
Ante esta realidad, el Estado debe asumir un rol activo mediante políticas públicas integrales que garanticen tanto la atención como la formación de profesionales especializados. Es imprescindible establecer incentivos reales para carreras como psicología clínica, psiquiatría, neurología, neuropsicología y atención al espectro autista, mediante la subvención estatal de al menos el 50 % del costo académico, acompañada de un compromiso de servicio social obligatorio en instituciones públicas por un período mínimo de un año.
Asimismo, resulta impostergable la creación de una institución nacional exclusiva para la salud mental, que concentre atención especializada, ofrezca servicios gratuitos a personas de escasos recursos y atención paga a quienes puedan costearla, asegurando su sostenibilidad. Esta institución debe incluir un ala destinada a la atención e internamiento de personas con trastornos mentales severos que hoy deambulan por las calles sin protección ni tratamiento, como una medida de cuidado, dignidad y seguridad social.
Invertir en salud mental reduce la violencia, fortalece las familias y construye una sociedad más segura y humana. Las propuestas existen y el debate está abierto. Ahora corresponde al Estado transformar el discurso en acciones concretas. La salud mental no puede seguir esperando.
