Santo Domingo, R.D. – La organización cívica Participación Ciudadana (PC) emitió una voz de alerta sobre el uso discrecional y excesivo de la publicidad gubernamental. Según la entidad, la falta de una legislación robusta que regule estos fondos no solo opaca la transparencia institucional, sino que pone en riesgo la libertad de expresión en el país.
Una «mordaza sigilosa» La abogada Leidy Blanco, vocera de la organización, señaló que históricamente los gobiernos han utilizado los recursos del Estado para visibilizar figuras presidenciales o funcionarios de turno, en lugar de cumplir con una función meramente informativa. Blanco advirtió que el flujo millonario de estos recursos puede influir directamente en la línea editorial de los medios de comunicación.
«Se gastan millones sin transparencia ni supervisión real. Esta publicidad se utiliza muchas veces para visibilizar al partido o al funcionario, limitando opiniones y favoreciendo a determinados sectores», afirmó Blanco.
El contraste del Índice Chapultepec Las declaraciones de PC coinciden con el reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Aunque la República Dominicana lidera el Índice Chapultepec con 82.17 puntos, la SIP califica el panorama actual como un «periodo crítico». El organismo internacional define la situación como una «mordaza sigilosa», donde la fragilidad económica de los medios los hace dependientes de la pauta estatal, convirtiéndola en una herramienta de control indirecto.
Avances frente a debilidades institucionales A pesar de las críticas, Leidy Blanco reconoció que el país ha mostrado avances en la tolerancia a la diversidad de opiniones, un pilar que considera clave para la fortaleza democrática. Sin embargo, enfatizó que mientras no exista una ley que fiscalice «qué y cómo» se publicita, la democracia dominicana seguirá siendo vulnerable.
Desafíos pendientes: Para Participación Ciudadana, la consolidación de la libertad de prensa en 2026 depende de tres factores urgentes:
Regulación Legislativa: Crear una ley de publicidad oficial.
Fiscalización: Supervisar el destino de los millones invertidos por el Gobierno.
Independencia: Evitar que la pauta estatal sea utilizada para silenciar voces críticas.