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WASHINGTON. – La Administración de Donald Trump busca endurecer radicalmente las consecuencias financieras para la inmigración irregular. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una propuesta en el Registro Federal que contempla triplicar las multas económicas impuestas a ciertos extranjeros indocumentados, con el objetivo explícito de obligarlos a costear sus propios procesos de deportación del país.
La nueva regulación plantea elevar las penalizaciones desde los 5,130 dólares actuales hasta un máximo de 18,000 dólares por persona. Esta iniciativa se ampara en una disposición aprobada previamente por el Congreso que exige que los inmigrantes asuman los gastos logísticos generados por su expulsión de territorio estadounidense.
El millonario impacto de las sanciones
La aplicación de estas penalizaciones económicas ya venía mostrando un ritmo agresivo. Según datos oficiales revelados por funcionarios federales:
Enero – Marzo (Primer trimestre): El Gobierno estadounidense impuso multas por una suma récord de 36,000 millones de dólares.
Población afectada: Esta histórica cifra de sanciones recayó sobre aproximadamente 65,000 inmigrantes en un período de apenas dos meses.
¿A quiénes va dirigida la propuesta? El incremento de la multa afectará de manera prioritaria a aquellos extranjeros que tienen órdenes de deportación emitidas “en ausencia”, un estatus legal que se aplica cuando la persona no se presenta a la audiencia judicial programada ante un juez de inmigración. Las estadísticas del año pasado reflejan que cerca de 300,000 migrantes fueron devueltos a sus países bajo esta modalidad.
Plazo abierto para la ciudadanía
A pesar del impacto de las cifras, la medida implementada por el DHS aún no es definitiva. El Gobierno de los Estados Unidos ha abierto un periodo de consulta pública para que cualquier ciudadano u organización presente comentarios, objeciones o sugerencias. El plazo de revisión permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio, fecha tras la cual la Casa Blanca decidirá si convierte esta estricta penalización en una norma permanente.
