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Mientras algunos casos de desapariciones logran sacudir las redes sociales, cientos de familias dominicanas libran una batalla silenciosa y solitaria contra el tiempo y la burocracia. Un reciente levantamiento de datos revela que, entre 2020 y 2026, al menos 231 menores de edad han sido reportados como desaparecidos en el país, dejando al descubierto las profundas grietas en el sistema de respuesta estatal.
El informe, que cruza archivos de prensa, redes sociales y datos institucionales, ofrece un balance desgarrador sobre el estatus de estos menores:
156 localizados (muchos tras huidas por violencia o conflictos familiares).
25 fallecidos (en su mayoría víctimas de accidentes o crímenes de cercanía).
16 aún desaparecidos (casos que permanecen en el limbo judicial).
34 sin información actualizada.
La búsqueda: Una carga que asumen las familias El reportaje destaca un patrón alarmante: son las madres y padres quienes terminan asumiendo las funciones de investigación que corresponden al Estado. Casos como el de Yoan Genao (desaparecido en 2024) evidencian la falta de protocolos inmediatos. Su madre tuvo que conseguir por cuenta propia los videos de vigilancia y enfrentar la negativa de autoridades para iniciar la búsqueda antes de las 72 horas.
Nuevos riesgos en la era digital La investigación identifica que, más allá de los accidentes por falta de supervisión en niños pequeños, los adolescentes enfrentan peligros emergentes como la captación mediante videojuegos (Free Fire) y redes sociales, donde adultos utilizan engaños para inducir huidas que, en ocasiones, derivan en redes de explotación sexual o servidumbre.
Instituciones bajo la lupa A pesar de la magnitud del problema, la respuesta institucional sigue siendo lenta o inexistente. Mientras el Conani reportó más de 1,500 casos de menores en riesgo entre 2021 y 2025, la Policía Nacional y la Procuraduría mantienen un silencio estadístico que dificulta la creación de políticas públicas efectivas.
Para familias como las de Luis Ángel González (Barahona) o Kendry Alcántara (San Juan), la justicia es una promesa rota. Entre juicios aplazados, sospechosos en libertad y expedientes que se empolvan, estas familias solo encuentran refugio en la fe y en el esfuerzo de organizaciones civiles que exigen una «Alerta Amber» real y funcional en territorio dominicano.
