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El sistema judicial dominicano enfrenta una dura carrera contra el tiempo. Los casos de corrupción administrativa procesados en los últimos cinco años corren el riesgo de caer en el mismo limbo jurídico que expedientes históricos como el de los aviones Super Tucano o la venta irregular de los terrenos de Los Tres Brazos, dos ejemplos claros de cómo la lentitud de los tribunales diluye la indignación pública.
A pesar de haber sido escándalos que sacudieron al país, ambos procesos han estado al borde del archivo. En varias ocasiones, los tribunales de fondo llegaron a declarar la extinción de la acción penal debido a los años transcurridos, decisiones que posteriormente tuvieron que ser anuladas por la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia para mantener los casos vivos.
Los rostros detrás de los expedientes estancados
Caso Super Tucano (Casi 10 años en los tribunales): Se investiga el presunto pago de 3.5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Embraer. Entre los principales acusados figuran:
Pedro Rafael Peña Antonio (Exministro de Defensa).
Carlos Piccini Núñez (Coronel y exdirector de Proyectos Especiales de la FAD).
Daniel Aquino Hernández (Empresario), además de las empresas 4D Business Group y Magycor.
Caso Los Tres Brazos (Casi 8 años en los tribunales): Enfocado en la comercialización irregular de parcelas en Santo Domingo Este. Los implicados clave son:
Leoncio Almánzar (Exdirector de Corde).
Rosabel Castillo Rolffot (Exregistradora de títulos).
Juana Inés Gómez Williams (Representante de Proyecciones Gowi).
Domingo Gerardo Lebrón de los Santos (Presidente de Infepa), junto a Manuel Aybar Ferrando e Irving José Cruz Crespo.
Caso Antipulpo: Avances significativos, pero con trabas burocráticas
Dentro del panorama de los últimos cinco años, el proceso que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez (hermanos del expresidente Danilo Medina) es el que muestra un mayor progreso, aunque no exento de la burocracia del sistema.
El Segundo Tribunal Colegiado dictó sentencia condenatoria hace casi diez meses, imponiendo siete años de prisión a Alexis Medina, condenando a otros siete implicados y descargando a la hermana del exmandatario junto a 12 acusados más. Sin embargo, demostrando una vez más el letargo del aparato judicial, el expediente tardó casi diez meses en ser remitido a la Corte de Apelación, trámite que finalmente se completó la semana pasada tras los recursos presentados tanto por el Ministerio Público como por los imputados.
