Los 12 miembros de un jurado de un tribunal federal de Nueva York condenaron este viernes por unanimidad al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) de los tres delitos que le imputó la Fiscalía: conspirar para traficar con drogas y armas y de poseer armas, por lo que podría enfrentarse a una mínima condena de 40 años de prisión o incluso a una triple cadena perpetua, algo que se conocerá el 26 de junio cuando está previsto que se emita la sentencia.
Hernández, quien fue extraditado a EEUU el 21 de abril de 2022, enfrentó el juicio en las últimas dos semanas y ahora está a la espera de que el juez Kevin Castel dicte su sentencia. Concretamente, el cargo de ‘conspirar para importar cocaína’ conlleva una pena de entre diez años y la perpetuidad: el de ‘usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos’ para introducir droga podría acarrearle una condena de entre 30 años y perpetuidad y el de ‘conspirar para usar y portar ametralladoras’ para la importación de droga también contempla una pena máxima de perpetuidad.
Tras escuchar que había sido condenado, Hernández miró a sus dos cuñadas e hizo estas únicas declaraciones: «Soy inocente. Les quiero mucho, díganselo al mundo». De nada le sirvió declarar ante el tribunal, cuyo juez mantuvo los tres cargos que presentó contra él la Fiscalía, que sostiene que el ex mandatario «participó en una conspiración corrupta violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a EEUU».
Asimismo, la Fiscalía, que lo acusó de crear un «narcoestado», reveló que la actividad de tráfico de drogas de Hernández no se limitó únicamente a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política desde, al menos, el 2004, periodo durante el cual usó sus cargos públicos, «así como la Policía y el Ejército» para respaldar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros países, entre otras, el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo.
Por ello, la Fiscalía ya ha anunciado que pedirá el castigo máximo, es decir, la cadena perpetua, tras dar por buenos los testimonios realizados por varios narcotraficantes y ex narcotraficantes que declararon en contra de Hernández a cambio de una reducción de sus condenas o de un visado para vivir en EEUU.
Entre los testigos, se encuentran el hijo del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014), Fabio Lobo, condenado a 25 años de cárcel en EEUU por narcotráfico, el exlíder del cartel de Los Cachiros y ex policía nacional de Honduras, Mario Mejía Vargas, y el exintegrante del cártel de Sinaloa Murillo Monroy. Precisamente, los tres abogados de Hernández trataron de echar por tierra estos testimonios al asegurar que fueron falsos con la única intención de obtener beneficios y reducir sus condenas. Así, basaron su defensa técnica en recordar que cuando presidió Honduras, persiguió y extraditó a varios narcotraficantes a EEUU e incluso impulsó leyes para incautar sus bienes, por lo que enmarcaron los citados testimonios en una venganza personal.
Sin embargo, EEUU lo acusó de haber transportado «más de 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras» con destino a ese país, para lo cual «participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares», según detalló en su día la Embajada de EEUU en Honduras. Concretamente, indicó que la droga se movilizó «por rutas aéreas y marítimas para transportarla desde el oeste de Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente a los EEUU».
Hernández dejó el poder el 27 de enero de 2022 perdiendo así su inmunidad, lo que permitió su arresto y posterior encarcelamiento el 15 de febrero de ese año, un día después de que EEUU solicitara a Honduras su captura y extradición. El nombre del ex mandatario y sus vínculos con el narcotráfico surgieron a la luz en el proceso que se llevó a cabo contra su hermano Tony Hernández, quien fue condenado por un tribunal federal de Nueva York el 30 de marzo de 2021 a cadena perpetua por tráfico de cocaína a gran escala, dos años después de que fuera declarado culpable de enviar 185 toneladas de drogas a EEUU».
La sentencia ya señaló en ese entonces que Tony Hernández era un congresista hondureño que, junto a su hermano, Juan Orlando Hernández, «desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración de narcotráfico violenta y auspiciada por el Estado».
El Mundo
Asimismo, el 8 de febrero de 2021, fue condenado a cadena perpetua en Nueva York el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, en cuyo juicio, el fiscal indicó que el expresidente pactó una alianza con el cártel hondureño de Los Cachiros para introducir miles de kilos de cocaína en EEUU a cambio de coimas y protección a los narcotraficantes empleando fuerzas de seguridad y los organismos policiales. A lo largo del juicio contra Fuentes, trascendió que, en una de sus conversaciones con Hernández, éste le transmitió que iban a «meter la droga a los gringos en sus propias narices» y no se iban «a dar ni cuenta».
«FRACASO DE LA JUSTICIA HONDUREÑA»
Tras ser declarado culpable, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, lamentó que «ha quedado al descubierto el fracaso del sistema de justicia hondureño y su complicidad con el crimen organizado», así como «plenamente demostrada su impunidad, tal como lo denunciamos públicamente durante largos años desde la resistencia y ante la comunidad internacional, que, en gran parte, nos dio la espalda y le brindó apoyo a la narco dictadura».
Así, denunció que «hoy nuevamente se comprueba que quienes asaltaron el poder el 28 de junio de 2009», cuando dieron un golpe de Estado a su marido, entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, «secuestraron el Estado en complicidad con el sistema judicial para delinquir y someter al pueblo con represión y a sangre y fuego nos asestaron fraudulentos procesos electorales en 2013 y 2017, apoyados por la Unión Europea y EEUU».
