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SANTO DOMINGO. – A solo meses de que el nuevo Código Penal entre plenamente en vigor, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, calificó como «conveniente» someter la pieza a un proceso de revisión. El funcionario subrayó la importancia de lograr un consenso social y jurídico ante la ola de críticas y recursos legales que han surgido tras su promulgación en agosto de 2025.
«Siempre es importante escuchar a la gente y conocer las opiniones de los diversos sectores. Esa revisión es conveniente», afirmó el ex-presidente de la Suprema Corte de Justicia, confirmando además que la Consultoría Jurídica ya integra una comisión especial dedicada al estudio de posibles modificaciones de la Ley 74-25.
Bajo la lupa del Tribunal Constitucional La urgencia de esta revisión se acentúa tras la reciente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). El gremio ataca 11 artículos específicos de la norma, argumentando que la severidad de las penas y ciertos procedimientos contravienen garantías fundamentales de la Constitución dominicana. El Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Napoleón Estévez, ya conoce el caso y se encuentra en proceso de fallo.
Modificaciones en el Congreso Mientras el Poder Ejecutivo abre la puerta al diálogo, en el Congreso Nacional ya cursan iniciativas para reformar el código antes de que termine su periodo de vacatio legis:
Libertad de expresión y ultraje: El diputado Ramón Raposo ha propuesto cambios en artículos sensibles como la difusión de imágenes sin consentimiento y el ultraje a funcionarios.
Partidos Políticos: El senador Antonio Taveras busca que las organizaciones políticas no queden excluidas del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Un cambio histórico en pausa El nuevo Código Penal, que reemplaza una legislación de 141 años, introdujo avances significativos como la tipificación del feminicidio, el sicariato y los delitos cibernéticos, además de elevar las penas máximas a 40 y 60 años. Sin embargo, la presión de juristas y legisladores sugiere que la versión que finalmente entre en vigencia podría sufrir ajustes estructurales en los próximos meses.
