Con el objetivo de resguardar su buen nombre y defender los intereses del Estado, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) instruyó formalmente el inicio de acciones jurídicas nacionales e internacionales tras una reciente resolución del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La sentencia en cuestión exige un pago por supuestos servicios prestados a la institución, los cuales carecen de contratos o aprobaciones internas.
La institución electoral aclaró que tras una revisión detallada no se encontró evidencia que valide la solicitud ni el uso de dichos servicios por parte del Pleno o de la presidencia de la JCE. Por este motivo, se agotarán todas las instancias de apelación pertinentes para demostrar la improcedencia del fallo emitido en territorio estadounidense.
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