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SANTO DOMINGO. – Con la firmeza que caracteriza su gestión, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, envió un mensaje contundente a la nación: el 2026 será un año de «tolerancia cero» contra el crimen organizado y el dolo estatal.
A través de sus redes sociales, el magistrado reafirmó que el compromiso del Ministerio Público es estrictamente con la justicia. «En 2026 seguiremos fomentando una cultura de respeto a la ley. ¡No tenemos compromisos con la impunidad!», sentenció Camacho, al hacer un balance de un 2025 que calificó como histórico en materia de persecución penal.
Un 2025 marcado por golpes certeros
El balance del año que termina arroja cifras impactantes. El Ministerio Público desmanteló redes que operaban en diversos sectores, desde el narcotráfico hasta el fraude informático y la corrupción en instituciones de salud.
Entre las siete operaciones de alto impacto que marcaron la agenda judicial se encuentran:
- Operación Begonias: Un golpe contra la trata de personas que logró el rescate de más de 40 mujeres explotadas sexualmente.
- Operación Jaguar y Leopardo: Acciones directas contra el narcotráfico, destacando la incautación de 643 paquetes de presunta cocaína en La Altagracia.
- Operación Lobo: Desmantelamiento de una red de sobornos para la asignación irregular de contratos de seguridad en el Estado.
- Operación Discovery 3.0: Persecución del fraude informático transnacional que afectaba a ciudadanos estadounidenses retirados.
- Operación Domo: Un ataque frontal a la piratería digital.
- Operación Cobra: Quizás una de las más sensibles, al desmantelar una red de corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El caso Senasa: El epicentro de la corrupción reciente
La Operación Cobra ha puesto bajo los reflectores el manejo de los fondos de salud pública. Recientemente, el juez Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa, señalado como el cabecilla de una estructura que presuntamente desfalcó la institución.
Junto a Hazim Albainy, otros seis implicados guardarán prisión preventiva, mientras que otros tres imputados enfrentan arresto domiciliario e impedimento de salida del país, marcando un hito en la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la administración de recursos ciudadanos.
Un mensaje de advertencia
Las declaraciones de Camacho no solo resumen el éxito pasado, sino que sirven como una advertencia para el próximo año. Al enfatizar que no existen «compromisos con la impunidad», el director de Persecución deja claro que las investigaciones en curso podrían derivar en nuevos operativos de gran escala en los meses venideros, manteniendo la presión sobre aquellos que intenten burlar la ley.
La sociedad dominicana observa con atención cómo este ciclo de operaciones busca transformar la cultura institucional del país, pasando de la omisión a la persecución efectiva del delito.
