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El órgano anticorrupción asegura que la jueza Patricia Padilla Rosario actuó sin competencia y vició el proceso al fijar una sanción «exorbitante» a favor del imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) rechazó contundentemente la resolución que condena al Ministerio Público a pagar más de 7.5 millones de pesos por concepto de astreinte a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los acusados en el expediente de supuesta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
A través de sus fiscales litigantes, el órgano acusador calificó la sentencia dictada por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, como una decisión «plagada de graves vicios procesales».
El motivo de la controversia gira en torno a la falta de devolución de un teléfono celular marca Samsung S3 cuyo valor comercial no supera los 3,000 pesos, por el cual la magistrada fijó la millonaria liquidación de la sanción económica acumulada.
Puntos clave de la objeción presentados por la Pepca:
Falta de competencia: El Ministerio Público argumenta que la jueza fue desapoderada formalmente del expediente desde el 24 de octubre de 2025, fecha en que el caso fue transferido al Sexto Juzgado de la Instrucción para la fase preliminar.
Desnaturalización jurídica: La fiscalía sostiene que la jueza transformó de forma indebida la figura del astreinte en una indemnización económica directa para beneficar a un imputado por corrupción.
Jurisdicción inadecuada: Sostienen que el tribunal penal actual tampoco posee competencia para conocer reclamaciones de naturaleza administrativa sobre incautación de bienes.
Cuentas regresivas y juicio de fondo
Los fiscales adscritos al caso, Jonathan Pérez y Miguel Collado, confirmaron que tras ser notificados oficialmente iniciaron el cómputo de los 20 días reglamentarios para formalizar su recurso de apelación ante la corte correspondiente.
«No se puede desnaturalizar la figura de la astreinte para convertirla en un botín indemnizatorio a favor de un procesado penal por presunta corrupción administrativa.»
Jonathan Pérez, fiscal litigante de la Pepca
Paralelamente a esta batalla incidental, el expediente principal se encamina hacia su fase decisiva. El juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás implicados está pautado para iniciar el próximo 11 de agosto de 2026 ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El expediente del caso Intrant
Álvarez Carbuccia figura en el proceso acusado de haber emitido certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria dentro del Intrant. La investigación principal señala una supuesta red de corrupción atribuida al exdirector de la institución, Hugo Beras, y al empresario José Ángel «Jochi» Gómez Canaán.
A los encartados se les imputa la adjudicación fraudulenta de contratos de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo a través de empresas como Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, además de cargos por lavado de activos, sabotaje tecnológico, manipulación de licitaciones y testaferrato.
