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La coalición de fiscales, liderada por Nueva York, advierte que la nueva medida del Departamento de Educación empujará a los futuros enfermeros y terapeutas hacia deudas privadas «insostenibles».
NUEVA YORK.– La política educativa de la Administración de Donald Trump enfrenta su primer gran desafío en los tribunales. Una sólida coalición de 25 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia interpuso una demanda formal contra el Gobierno federal, tras la implementación de una normativa que restringe drásticamente el acceso a préstamos estudiantiles de alta cuantía para estudiantes de posgrado en el área de la salud.
La controversia legal surge a raíz de una directriz del Departamento de Educación promulgada este mes. La norma excluye a carreras esenciales como enfermería, fisioterapia, trabajo social y terapia ocupacional de la categoría federal de «titulaciones profesionales».
Con este cambio normativo, que entraría en vigor el próximo 1 de julio, los estudiantes de estas disciplinas ya no podrán optar por los créditos de mayor financiamiento (fijados por el Congreso en hasta 200,000 dólares para formación profesional), quedando limitados a los topes estándar de posgrado, que alcanzan un máximo de 100,000 dólares.
Un golpe al sistema sanitario La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales promotoras de la querella, arremetió contra la medida señalando que atenta de forma directa contra sectores que ya se encuentran bajo una fuerte presión laboral y económica.
«Esta norma excluirá a personas con talento de profesiones críticas y dejará a las comunidades con menos profesionales sanitarios de los que necesitan», advirtió James, quien subrayó el peligro de encarecer la formación clínica en campos tan vitales.
Los estados demandantes entre los que figuran potencias demócratas como California, Connecticut, Colorado y Delaware argumentan en el recurso judicial que la decisión del Ejecutivo contradice el espíritu de las leyes aprobadas por el propio Congreso estadounidense en 2025.
Asimismo, alertan que la falta de fondos públicos obligará a miles de jóvenes a recurrir a la banca privada, asumiendo tasas de interés mucho más elevadas. Esto, según los fiscales, provocará un aumento colosal de la deuda estudiantil insostenible, el retraso en la graduación de nuevos profesionales o, en el peor de los casos, la deserción total de las aulas. La coalición exige a los tribunales suspender de inmediato la orden antes de que cause un daño sistémico al sector educativo y de salud.
