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Washington D.C. En un fallo que sacude la política migratoria de la administración Trump, el juez federal de Boston, Brian Murphy, ordenó este miércoles la suspensión inmediata de la política que permitía expulsar a inmigrantes indocumentados a terceros países sin previo aviso ni derecho a recurso.
El magistrado, quien otorgó un plazo de 15 días al Gobierno para presentar sus alegatos, calificó de «ilegales» las directrices actuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El fallo pone en tela de juicio la facultad del Estado para enviar a personas a naciones donde corren riesgo de tortura o persecución sin permitirles una defensa legal.
El drama de las expulsiones «a ciegas»
El corazón de la sentencia radica en la falta de transparencia del proceso. Según el juez Murphy, el Gobierno ha estado enviando a solicitantes de asilo a países que no son los suyos bajo el pretexto de «garantías de seguridad» que el propio Departamento de Estado considera creíbles, pero que el tribunal tilda de insuficientes y carentes de control judicial.
«Lo que está en juego es saber si el Gobierno puede, sin previo aviso, expulsar a una persona al país equivocado o a un lugar donde probablemente será torturada», sentenció el magistrado.
Mentiras y abusos documentados
La sentencia de Murphy es inusualmente dura y acusa a la administración de haber «mentido de manera repetida» y violado órdenes judiciales previas. El juez citó un caso desgarrador para ilustrar su punto:
Un inmigrante guatemalteco, que había huido de su país tras sufrir violencia sexual, obtuvo una orden que prohibía su retorno a Guatemala.
Ignorando el riesgo, la agencia federal lo subió a un autobús con destino a México, país donde el demandante acababa de sufrir una violación.
Desde México, fue enviado rápidamente de vuelta a Guatemala, el país del que intentaba escapar.
Un choque de poderes constante
No es la primera vez que Murphy se enfrenta a la Casa Blanca; ya en el pasado bloqueó expulsiones de ciudadanos asiáticos a Libia y de extranjeros a Sudán del Sur.
Aunque el presidente Trump sigue defendiendo su programa de expulsiones masivas como una medida contra una «invasión criminal», este fallo de Boston se suma a una serie de batallas legales que han terminado incluso en la Corte Suprema. Por ahora, el programa queda en el limbo mientras se agota el plazo de dos semanas otorgado al Ejecutivo.
