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WASHINGTON, D.C. – La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria mediante la aplicación de fuertes sanciones económicas contra inmigrantes indocumentados que permanecen en Estados Unidos pese a contar con una orden definitiva de deportación. La medida busca incentivar la llamada autodeportación y forma parte de la estrategia del gobierno para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.
Según reportes, más de 100,000 personas han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificándoles que deberán pagar una multa de 998 dólares por cada día que permanezcan en el país después de que un juez de inmigración haya determinado que no tienen derecho legal a permanecer en Estados Unidos.
Dependiendo del tiempo transcurrido desde la emisión de la orden de deportación, las sanciones pueden alcanzar cifras extraordinarias. En algunos casos, las multas acumuladas superan el millón de dólares, e incluso podrían llegar hasta 1.8 millones de dólares.
Las penalidades por incumplir una orden de deportación fueron autorizadas por la legislación migratoria aprobada en 1996, aunque ningún presidente las había aplicado de forma sistemática. Durante el primer mandato de Donald Trump se intentó ponerlas en práctica, pero diversos obstáculos administrativos impidieron su implementación generalizada.
Tras regresar a la Casa Blanca, el mandatario ordenó a las agencias federales adoptar todas las medidas necesarias para calcular y cobrar las multas pendientes a las personas que permanezcan ilegalmente en el país, como parte de su campaña de deportaciones masivas.
De acuerdo con la información disponible, el gobierno también ha comenzado a utilizar mecanismos adicionales para recuperar esas deudas, incluyendo la contratación de agencias privadas de cobranza y la retención de reembolsos de impuestos de algunos inmigrantes afectados.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de una inmigrante identificada como Vásquez, quien esperaba recibir noticias sobre una solicitud de visa y, en su lugar, recibió una notificación del DHS informándole que había incumplido voluntariamente una orden de salida del país. Según la comunicación oficial, la mujer enfrentaba una deuda superior a 21 millones de dólares por las multas acumuladas.
Junto con la notificación, el gobierno incluyó información sobre la aplicación CBP Home, mediante la cual los inmigrantes pueden informar su salida voluntaria del país. Las autoridades indican que quienes opten por autodeportarse utilizando esa plataforma podrían recibir la condonación de las multas impuestas.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha informado cuántos inmigrantes han decidido abandonar voluntariamente Estados Unidos para evitar las sanciones económicas ni cuántos casos han sido remitidos a agencias de cobro.
La implementación de esta política ha generado un intenso debate entre defensores de los derechos de los inmigrantes y sectores que respaldan un mayor control de la inmigración, al considerar que representa una de las medidas más severas adoptadas por el gobierno federal para hacer cumplir las órdenes de deportación.
