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El partido Fuerza del Pueblo (FP) hizo un llamado formal a las autoridades de los Estados Unidos para entablar un diálogo que permita establecer un trato comercial diferenciado para el arroz producido en la República Dominicana. La organización política argumenta que la apertura total del mercado contemplada en el tratado de libre comercio (DR-CAFTA) pone en riesgo directo la economía rural, miles de empleos locales y la seguridad alimentaria de la nación.
La posición fue fijada por Héctor Acosta, secretario de Asuntos Agropecuarios de la FP, junto a miembros del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental del partido. Acosta enfatizó que la propuesta se realiza desde el respeto a los acuerdos internacionales vigentes, reconociendo a EE. UU. como un socio estratégico clave, pero señalando las marcadas asimetrías entre los modelos productivos de ambos países.
Puntos clave del reclamo político y económico
Desigualdad de condiciones: Los productores estadounidenses operan con grandes extensiones, mayor infraestructura y subsidios, frente a los agricultores locales incluyendo los del sector de la Reforma Agraria que trabajan parcelas reducidas que sostienen casi la mitad de la producción nacional.
Impacto social y territorial: El sector arrocero abarca más de 20 provincias en el país, generando cientos de miles de puestos de trabajo directos e indirectos entre agricultores, molineros, transportistas y distribuidores.
Antecedentes regulatorios: La organización hizo referencia al Decreto 693-24 emitido a finales de 2024, el cual fijó una cuota preferencial de importación a tasa cero de 23,300 toneladas métricas y un arancel del 99 % fuera de dicho volumen; medida que ha generado objeciones en sectores comerciales estadounidenses.
Llamado a organismos internacionales: La propuesta fue dirigida a la Casa Blanca, la Oficina del Representante Comercial (USTR), el Departamento de Agricultura (USDA) y el Congreso estadounidense para acordar mecanismos que prevengan el desplazamiento de la producción local, citando de forma preventiva los antecedentes del mercado arrocero en la vecina nación de Haití.
Desde la Fuerza del Pueblo reiteraron que la solicitud no busca romper los compromisos comerciales ni cerrar fronteras, sino construir una vía de negociación bilateral que armonice el intercambio comercial con el derecho del país a garantizar su soberanía alimentaria.
