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La estricta medida migratoria afectará a unos 8,000 jóvenes que se gradúan cada año de secundaria. Expertos prevén un golpe millonario a las arcas del estado.
Miami, EE. UU. – En un giro drástico a las políticas educativas y migratorias del estado, la Junta de Educación de Florida ha aprobado una normativa que prohíbe de forma definitiva la matriculación de inmigrantes indocumentados en sus 28 colegios universitarios estatales (colleges).
A partir de ahora, cualquier aspirante que desee acceder a estos centros que imparten carreras técnicas y licenciaturas de cuatro años estará obligado a demostrar de forma estricta que es ciudadano estadounidense o que cuenta con un estatus legal de permanencia en el país.
Según estimaciones de organizaciones civiles, el veto impactará directamente el futuro de cerca de 8,000 estudiantes sin papeles que se gradúan anualmente de las escuelas secundarias en Florida.
Bloqueo total: Idiomas y educación para adultos
La ofensiva regulatoria no se limitó a la educación superior. Durante una reunión virtual, la Junta también aprobó una segunda normativa que bloquea el acceso de los indocumentados a los programas públicos de educación para adultos. Esto incluye las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) y los cursos de preparación para el examen de equivalencia de secundaria (GED).
Estas dos restricciones se suman al proceso iniciado la semana pasada por la Junta de Gobernadores de Florida, que busca replicar exactamente el mismo requisito de exclusión en todas las universidades públicas del estado.
Costo económico y rechazo social
La medida ha desatado una ola de críticas inmediatas por parte de estudiantes, empresarios y activistas proinmigrantes, quienes denuncian que la administración estatal ignoró las objeciones presentadas por la ciudadanía durante las audiencias telefónicas.
Además del drama humano, la decisión traerá consecuencias financieras. Un análisis del Florida Policy Institute (FPI) revela que el veto podría costarle al estado de Florida aproximadamente 15 millones de dólares anuales en pérdidas de ingresos por concepto de matrículas no percibidas.
«Esta decisión representa un claro desprecio por la voz de los floridanos y un abandono directo de nuestros valores democráticos», denunció Farah Al Jallad, organizadora de la coalición Florida Student Power.
Para miles de jóvenes de la comunidad migrante, incluidos los amparados por programas como DACA, los colegios estatales representaban la única vía económica viable para iniciar su trayecto profesional. Con este nuevo cerco legal, el estado se convierte en uno de los territorios con las barreras educativas más rígidas de los Estados Unidos.
