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El proyecto de ley busca eliminar los registros de forma obligatoria y gratuita un mes después de extinguirse la pena, sin importar la gravedad del delito.
Santo Domingo — La Cámara de Diputados de la República Dominicana se encuentra evaluando un innovador proyecto de ley que podría transformar significativamente el proceso de reinserción social en el país. La iniciativa propone que los ciudadanos que hayan extinguido por completo sus condenas penales vean borrados sus antecedentes de manera automática un mes después del cumplimiento de la pena, eliminando la necesidad de realizar solicitudes burocráticas o trámites judiciales adicionales.
El proyecto, de la autoría del diputado Miguel Arredondo, tiene como objetivo central agilizar y democratizar el acceso a una segunda oportunidad para quienes ya saldaron sus deudas con la justicia dominicana.
Eliminación obligatoria y digitalización interinstitucional
La propuesta legislativa establece mandatos estrictos para modernizar y coordinar los archivos del Estado dominicano:
Automatización sin excepciones: La cancelación de la ficha penal será obligatoria para todas las instituciones públicas encargadas de administrar registros punitivos.
Actualización de sistemas: Los organismos oficiales deberán adecuar sus bases de datos tanto físicas como digitales para asegurar que la eliminación se ejecute de forma efectiva en un plazo de 30 días posteriores al fin de la condena.
Cruce de información: Antes de proceder con el borrado, las autoridades verificarán informáticamente que no existan condenas pendientes o procesos abiertos vinculados a la misma sentencia.
Universalidad del beneficio: Sin distinción de delitos ni cobros
Uno de los puntos más debatidos de la pieza legislativa es que no establece diferencias según la gravedad del hecho cometido. La medida se aplicaría de manera universal a todas las personas condenadas por los tribunales del país que hayan cumplido de forma íntegra tanto la pena principal como las penas accesorias amparadas en una sentencia irrevocable.
Gratuidad total: El proyecto estipula que una vez cumplido el plazo de un mes, el ciudadano beneficiado podrá obtener su certificación de no antecedentes penales de forma completamente gratuita. Este documento será válido y vinculante para fines de contratación laboral, procesos educativos, transacciones comerciales, trámites migratorios y gestiones administrativas en todo el territorio nacional.
El procedimiento se estructurará de tal manera que el beneficiario no requiera la contratación de abogados ni el pago de tasas o impuestos administrativos, y podrá ser notificado del cambio de su estatus de manera física o electrónica.
El enfoque: Priorizar la rehabilitación sobre el castigo eterno
En la exposición de motivos del documento, se argumenta que el mantenimiento prolongado de las fichas delictivas actúa como una barrera invisible que perpetúa la exclusión social, impidiendo que miles de personas accedan a empleos dignos, facilidades crediticias y programas de educación superior.
La propuesta enfatiza que el verdadero rol del sistema de justicia dominicano no debe limitarse únicamente a castigar las infracciones de la ley, sino a garantizar mecanismos reales de rehabilitación y readaptación social una vez que la sanción impuesta por los tribunales ha concluido satisfactoriamente.
