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NEW YORK —El gobierno del expresidente Donald Trump ordenó la anulación del sistema de tarifas por congestión vehicular en Nueva York, una iniciativa destinada a reducir el tráfico y financiar el transporte colectivo mediante el cobro de peajes elevados a los conductores que ingresan a ciertas zonas de Manhattan. Este esquema, implementado el 5 de enero, utiliza escáneres de placas para aplicar una tarifa de 9 dólares a la mayoría de los automóviles que circulan al sur de Central Park. En sus primeros días, las autoridades de movilidad reportaron una disminución leve pero cuantificable en el flujo vehicular. Este cobro se suma a los costos ya existentes para cruzar puentes y túneles hacia la isla, donde, por ejemplo, los conductores que usan un túnel desde Nueva Jersey en horarios de mayor tránsito deben pagar hasta 31,81 dólares, con una tarifa reducida de 22,06 dólares si están inscritos en el sistema de pago E-ZPass.
El secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, notificó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la revocación de la aprobación federal del programa, tildándolo de «golpe» para los trabajadores y pequeños comerciantes. También aseguró que su departamento colaboraría con el estado en una eliminación progresiva de la medida. Ciudades como Londres, Estocolmo, Milán y Singapur han implementado esquemas similares para incentivar el uso del transporte masivo encareciendo la conducción, pero nunca se había aplicado en Estados Unidos. Trump, quien posee propiedades dentro del área afectada, había prometido erradicar esta regulación al asumir el mandato, calificándola como un impuesto excesivo e injusto. En noviembre, antes de su toma de posesión, argumentó que la recuperación económica de Nueva York sería casi imposible mientras estuviera en vigor esta tasa.
Los recursos obtenidos a través de estos peajes están destinados a mejorar la infraestructura del sistema de transporte urbano, que enfrenta dificultades económicas y operativas, movilizando a unos 4 millones de pasajeros diariamente. Sin embargo, la normativa ha generado opiniones encontradas. Mientras ecologistas y promotores del transporte público la consideran una estrategia clave para disminuir la contaminación y optimizar la seguridad vial, muchos ciudadanos, especialmente aquellos que dependen de sus vehículos debido a la falta de acceso al metro, rechazan los elevados costos. La gobernadora Hochul inicialmente suspendió su implementación por preocupaciones sobre su impacto financiero, pero posteriormente la restableció con una tarifa ajustada. A pesar de los múltiples litigios y controversias, el programa sigue siendo un punto álgido de discusión en la ciudad.
