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El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.
Fujimori abandonó el penal de «Barbadillo», en el este de Lima, un día después de que se conociera que el TC dispuso «la inmediata libertad del favorecido» al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Quién es Alberto Fujimori y por qué está en la cárcel
Alberto Fujimori fue presidente de Perú entre 1990 y 2000, y su recuerdo sigue polarizando a la opinión pública peruana.
Sus partidarios destacan el éxito de su política económica en la batalla contra la hiperinflación que golpeaba a Perú cuando llegó al poder, y que bajo su mando se produjo la derrota de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
Sus detractores subrayan su carácter autoritario, y recuerdan que en 1992 dio un autogolpe que acarreó el cierre del Congreso, las violaciones de los derechos humanos que perpetraron agentes del Estado en la lucha antisenderista, y los escándalos de corrupción que salpicaron el final de su gobierno.
Fujimori renunció a la presidencia de Perú mediante el envío de un fax en 2000 y abandonó el país. La justicia peruana lo persiguió durante años para hacerle responder por sus causas pendientes, pero no fue hasta 2005 cuando fue detenido y encarcelado durante una visita a Chile.
Este país lo extraditó finalmente a Perú en 2007.
En su país fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que un grupo de militares dirigido desde el gobierno acabó con la vida de 25 personas.
Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.
La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.
También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes contra los derechos humanos.
Fujimori ha permanecido preso en el penal de máxima seguridad de Barbadillo, en la periferia de Lima, donde comparte cautiverio con otros expresidentes peruanos.
Por qué se decide ahora la liberación
Los intentos por liberar a Fujimori han sido el motivo de una larga disputa judicial.
En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto humanitario a Fujimori por motivos de salud, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.
Pero la Corte IDH se pronunció en junio de 2018 en contra del indulto. Calificó los de Fujimori como crímenes contra la humanidad y requirió al Estado peruano un control judicial sobre el perdón concedido por Kuzcynski.
La Corte Suprema de Perú lo declaró entonces nulo y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.
El Tribunal Constitucional revocó en marzo de 2022 la decisión del Supremo y restableció la vigencia del indulto.
Pero otra resolución de la Corte IDH emitida semanas después resolvió que la sentencia del Constitucional peruano incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y pedía al Estado peruano garantías de que el indulto estaba fundamentado y no abría la puerta a la impunidad en crímenes contra los derechos humanos.
Entonces, el izquierdista Pedro Castillo dirigía el gobierno peruano y aquella decisión supuso el final momentáneo del proceso.
Pero hace pocas semanas, Fujimori presentó un nuevo recurso de hábeas corpus, que el Tribunal Constitucional ha terminado por resolver reafirmando la validez del indulto concedido por Kuczynski y ordenando la liberación inmediata del expresidente.
El TC advirtió además a los funcionarios responsables de prisiones de que debían obedecer su resolución “bajo responsabilidad” y afirma que la Corte Interamericana no es competente para pronunciarse sobre si su última sentencia es ejecutable.
EFE/ BBC
